La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, aseveró ayer que el expediente abierto contra el Ayuntamiento de Algeciras en relación con las captaciones de agua de manantial de la Garganta del Capitán busca “corregir, regular y adecuar a la legalidad ambiental”, si fuese necesario, la “concesión temporal” dada en 1962, que, en su opinión, requiere de “una adecuada evaluación de impacto ambiental”.
Serrano respondió de este modo a la pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento andaluz por el representante del PP Jacinto Muñoz. El primer teniente de alcalde algecireño expuso que Algeciras viene captando agua de los manantiales propios “desde hace más de cien años” y que “siempre se ha respetado el caudal ecológico de dichas captaciones”.
Por ello, entiende que el objetivo de la Consejería es “atacar” al actual gobierno local del PP “con el único objetivo de que haya que asumir el coste del recibo del agua”, ya que entiende que se encarecerá como consecuencia de la decisión de la Junta.
Además, el municipio tiene “solo dos tuberías” de abastecimiento con los pantanos. Detalla que las obras de una de ellas se iniciaron en 2012 y “meses después las paralizaron”, con lo que “Algeciras solo tiene una tubería de abastecimiento de agua, con más de 30 años y con tres averías anuales de gravedad”.
Por tanto, si ahora se “obliga” a eliminar las infraestructuras de las captaciones y también a hacer nuevas infraestructuras en la ciudad para abastecer a las zonas a las que no llega agua desde los pantanos, eso “repercutirá en el repercutirá en el recibo del agua”, insiste el diputado popular, que achaca a la Junta “una actitud sectaria que no busca los intereses de los ciudadanos de Algeciras”.
Serrano señala que “actualmente se consideran suficientes los recursos regulados para atender con garantías a la población de Algeciras” en lo que abastecimiento de agua se refiere.
No obstante, la Junta contempla que las captaciones de Garganta del Capitán puedan utilizarse “como auxiliares” en caso de avería o de emergencia, siempre que se determine que “cumplen las condiciones”. Serrano dejó claro que “no se trata de suprimir derechos, sino de equipararlos y garantizar el uso racional de los recursos naturales, tal y como establece el Estatuto de Autonomía”.
En este sentido, argumenta que, en cumplimiento de la ley, la Junta tiene que valorar el posible impacto ambiental de esas actuaciones en tanto que “pueden afectar al patrimonio natural de todos los andaluces” y, por tanto, ha actuado “para salvaguardar los intereses generales”.
