La asamblea de IU-CA en Sevilla capital celebra a partir de las 19,30 horas de este jueves una reunión de su consejo local, al objeto de analizar la situación de su portavoz municipal, José Manuel García, imputado por presuntos delitos de fraude y cohecho dentro de la operación 'Enredadera', que investiga una red de sobornos a funcionarios y responsables públicos a cambio de contratos en favor de la empresa sevillana Fitonovo.
La reunión, según las fuentes consultadas por Europa Press, se celebrará a partir de las 19,30 horas con la posibilidad de que se adopten decisiones sobre la situación de José Manuel García, quien no ha asistido al pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla. García, por cierto, es además coordinador local de la federación de izquierdas en Sevilla.
García, como hemos informado, prestaba hace pocos días declaración ante la juez Mercedes Alaya en el marco de la operación 'Enredadera', en la que se investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro" a la empresa Fitonovo.
Tras su comparecencia, manifestaba a los medios de comunicación que como concejal de Deportes del Ayuntamiento hispalense en el pasado mandato, no incurrió en "ningún acto ilegal ni ninguna actuación irregular o delictiva". En su interrogatorio, según las fuentes de consultadas, la juez Alaya le cuestionó por varios expedientes concretos, entre ellos expedientes relacionados con la adjudicación de obras y mantenimiento en campos de fútbol vinculados al Instituto Municipal de Deportes (IMD) y con las instalaciones deportivas de Ifni, ubicadas en el barrio de Heliópolis, pues García ostentó el área municipal de Deportes durante el pasado mandato.
El coordinador general de IU-CA, Antonio Maíllo, manifestaba la semana pasada que García tendría que dimitir si la juez mantenía su imputación tras su comparecencia, manifestando el lunes que el concejal y la agrupación local de la federación de izquierdas deben actuar "en coherencia" con los estatutos de la formación y su código ético, que recogen medidas en caso de imputación y procesamiento "por delitos de corrupción política o urbanística".
