El futuro del proyecto de Los Merinos sigue siendo incierto tras que el Banco Popular se haya quedado con estos terrenos, al acogerse la constructora Copisa a las ventajas financieras de la nueva ley de reestructuración de deuda de las empresas promovida por el Gobierno.
La promotora del complejo de golf de Ronda ha sido, de hecho, una de las primeras empresas en beneficiarse de los cambios legislativos introducidos en marzo pasado por el Ejecutivo, tras aprobarse el llamado decreto ley de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que permite que los bancos se queden con los activos menos seguros de las empresas. Se trata de una especie de dación en pago que librará a Copisa de activos inmobiliarios por un valor próximo a los 120 millones de euros, con los que la promotora logrará saldar numerosos créditos, entre ellos la millonaria hipoteca de Los Merinos Norte, donde se litigia desde hace años para construir un campo de golf y numerosas residencias.
Copisa tiene otros 160 millones de deuda que, al ser ‘sostenible’, de acuerdo a la nomenclatura de la referida reforma empresarial, no obliga a la banca a quedarse con la misma.
Entretanto, el Ayuntamiento y la promotora del complejo de golf siguen pendientes de la resolución del Tribunal Supremo al recurso de casación interpuesto por ambas partes tras tumbar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el plan parcial por el que la Junta de Andalucía dio luz verde a esta urbanización en 1995. Curiosamente el Gobierno regional no recurrió dicha sentencia del Alto Tribunal andaluz pese a anularse uno de sus actos, imponiendo de este modo su criterio Izquierda Unida en el gobierno de coalición de la Junta.
