El Juzgado de Instrucción número 4, que investiga presuntas irregularidades en las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación en 2010 y 2011 en Almería, ha acordado prorrogar por sexta vez el secreto decretado sobre las actuaciones a la espera de que se incorpore a la causa el informe oficiado a la UDEF, cuyos agentes continúan la toma de declaración a alumnos, profesores y otras personas relacionadas en sede policial.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que han precisado que las pesquisas de la Policía Nacional continúan aún con los testimonios de los docentes de los cursos bajo sospecha después de que concluyese la ronda de los alumnos.
Esta fase de la investigación, simultánea en varias provincias de Andalucía, dio comienzo en la primera semana de octubre y las citaciones se han ido produciendo "de manera aleatoria" ante lo "ingente" del número de personas que figuran inscritos en los citados cursos de formación.
La resolución que prorroga el secreto, dictada el día 12, reitera, por tanto, que no han variado los motivos por los que cuales se acordó y que, por tanto, persisten las "especiales" circunstancias que "aconsejan" que las diligencias no sean conocidas por las partes.
La última decisión de la magistrada María del Mar Cruz en el marco de este procedimiento, al margen de las prórrogas del secreto de actuaciones, fue aceptar hace en octubre que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte fuese parte en el procedimiento, aunque rechazaba entonces dar traslado de lo actuado hasta el momento debido al secreto que pesa sobre esto.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas el 18 de junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial y estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentan características que hacen "presumir la posible existencia de infracción penal".
La Fiscalía de Almería apreció que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realice "una investigación profunda y detallada de los hechos" en relación a la provincia de Almería.
El Ministerio Público indicó que las "irregularidades detectadas" apuntan a la obtención de subvenciones "por parte de determinadas personas físicas y empresas" en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE" y señaló que "en la mayoría" de los beneficiarios de las subvenciones se producen "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación sobre subvenciones establece al efecto.
Como "más destacados", hizo mención a un supuesto incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, y a la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".
El Ministerio Público recogía, asimismo, que en el primer informe de la UDEF, del que parten las diligencias penales, se citan "varias" empresas en las que se "han detectado diversas irregularidades" y recoge cuatro en concreto: "Quintaeventos SL; Ormar Informatic SL; Inmecamar SL; y Academia Infosol SL".
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 6 también ha mantiene abiertas unas segundas diligencias previas para investigar una denuncia particular posterior que refiere presuntas irregularidades en relación a "unos" cursos de formación organizados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la capital.
La causa abierta a principios se septiembre pretende dirimir si los hechos que se relatan en la denuncia particular podrían ser constitutivos, sin perjuicio de una ulterior y mas depurada calificación, de presuntos delitos de prevaricación y de falsedad documental.
