La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados examinará el próximo jueves la idoneidad de Consuelo Madrigal Martínez-Pereda para ser la nueva fiscal general del Estado, cargo que dejó vacante Eduardo Torres-Dulce tras dimitir el pasado 18 de diciembre.
Madrigal comparecerá en la Cámara Baja después de haber obtenido el aval unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y una vez que el Consejo de Ministros ha trasladado su propuesta al Congreso.
El examen parlamentario, cuya superación tendrá garantizada gracias a la mayoría absoluta del PP, permitirá al Gobierno formalizar su nombramiento en el siguiente Consejo de Ministros. Tras ello, Madrigal jurará o prometerá el cargo ante el Rey y tomará posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.
El día de la renuncia de Torres-Dulce, el presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada, hizo llegar al presidente del Congreso, Jesús Posada, la propuesta de fijar para el 8 de enero la comparecencia en la que los diputados podrán verificar los méritos y la idoneidad de la que está llamada a desempeñar la máxima responsabilidad en el Ministerio Público.
El artículo 29 del Estatuto del Ministerio Fiscal establece que el cargo deberá recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
Prada, que ha agradecido la "colaboración" que Torres-Dulce ha prestado durante estos años, ha destacado en declaraciones a Europa Press la intervención de los tres poderes del Estado en el nombramiento de esta autoridad.
El fiscal general es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y previa valoración de idoneidad por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Estos órganos verifican que el candidato cumpla los requisitos legales para acceder al puesto.
La oposición tiene pedida la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar ante el Pleno del Congreso por qué dimitió Torres-Dulce, pero esta solicitud no se prevé discutir en la Cámara hasta el 13 de enero, cuando probablemente ya haya tomado posesión la nueva fiscal general.
PODRÍA SER RENOVADA
Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, una fiscal profesional, discreta y no adscrita a ninguna asociación, se convertirá así en la primera mujer que llega a ser fiscal general del Estado, un puesto que ocupará en un año marcado por las citas electorales y los casos abiertos por corrupción en los tribunales. El Estatuto Fiscal le otorga la opción de ser renovada si así lo decide el Gobierno que salga elegido para la próxima legislatura.
Madrigal cuenta con una experiencia dilatada como fiscal y sus compañeros de Carrera destacan su "profesionalidad" e "intachable" trayectoria, durante la cual no se la conocen actuaciones polémicas. De talante conservador, no está afiliada a ninguna asociación de fiscales y en 2008 firmó el manifiesto 'Mujeres ante el a aborto', que rechazaba hablar de "un derecho al aborto y menos aún de un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo".
Nacida el 2 de noviembre de 1956, Madrigal desempeñaba en la actualidad la dirección de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores desde junio de 2013, cuando el dimisionario Eduardo Torres-Dulce le propuso continuar al frente de esta área durante un nuevo periodo de cinco años. Una decisión que fue refrendada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Con anterioridad, fue fiscal destinada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a donde llegó en 1993. Ingresó en la Carrera Fiscal hace más de treinta años y se hizo cargo de la Fiscalía de Menores cuando fue creada en 2007 dentro de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Aspiró a convertirse en la primera fiscal de Sala de la historia en 2003, cuando compitió con otra mujer que sonaba para ser ahora fiscal general Pilar Fernández Valcárcel. El Consejo Fiscal de Jesús Cardenal optó entonces por la segunda para alcanzar la primera categoría de la Carrera y acceder así a la Junta de Fiscales de Sala.
Madrigal, que figuraba como la número 24 en el escalafón de la Carrera Fiscal en 2011, ha sido también profesora de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) desde 1986. En docencia, ha dirigido y coordinado cursos para postgrados o en la formación inicial de Fiscales en el Centro de Estudios Jurídicos.
