El Tribunal de Cuentas ha señalado que el PP y el PSOE pagaron gastos electorales en la campaña de las europeas de 2014 con cargo a cuentas bancarias distintas de la utilizada para ese proceso electoral, lo que implica un incumplimiento puntual de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Así se señala en el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la actividad económica de los partidos políticos en la campaña electoral de las europeas de mayo de 2014, que acaba de ser remitido a las Cortes Generales y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press.
Ante un proceso electoral, la ley obliga a los partidos a abrir una cuenta bancaria específica para costear los gastos de campaña. Sin embargo, el PP abonó 28.126,76 euros a sus proveedores desde cuentas ajenas a la 'oficial' de los comicios europeos.
Por un lado, se trata de 3.448,26 euros gastados en campaña por representantes del partido en corporaciones municipales, lo que según el Tribunal de Cuentas debía computarse como gasto electoral, y otros 24.678,5 euros que el partido no declaró en su momento como gasto electoral.
PAGOS EN EFECTIVO POR 100.000 EUROS
El órgano fiscalizador aprecia además pequeños pagos en efectivo por un importe global de 57.268,27 euros. El PP alega que ese dinero salió de sus cuentas electorales, pero el Tribunal de Cuentas, aunque ha verificado tal extremo, señala que el procedimiento seguido incumple la legislación.
En el caso del PSOE, esos pagos en efectivo sumaron 39.759,11 euros, que también salieron de sus cuentas electorales. Los socialistas alegan que se trata de una "cuenta transitoria pendiente de justificar que se nutre de la cuenta corriente electoral y que se usa para pagar pequeños gastos", pero el Tribunal mantienen que no se ajusta a la legalidad.
El partido que lidera Pedro Sánchez también tiene en cuestión una factura de 2.536 euros que no consta en su contabilidad de la campaña electoral y que fue revelada por el propio proveedor contratante. El Tribunal de Cuentas ha confirmado que se trata de un gasto electoral y lo ha computado como pago ajeno a la cuentas adecuada.
Pese a las deficiencias, el Tribunal de Cuentas que preside Ramón Álvarez de Miranda no considera que haya motivo suficiente para proponer rebaja alguna de las subvenciones electorales que corresponden a los dos grandes partidos.
