La delegada provincial de Educación, Cristina Saucedo, ha hablado sobre la situación de los antiguos colegios de Defensa y el enfrentamiento que se mantiene la Junta con el Ayuntamiento de San Fernando sobre quién debe de correr con los gastos de mantenimiento de los mismos.
De primeras, Saucedo quiso desmentir a la delegada municipal de Educación, María José Moreno Subirana, cuando afirmaba que hacía un par de meses que había solicitado una reunión a la Delegación Provincial de Educación para intentar buscar una solución. “Eso es incierto porque el registro de la petición de la reunión es del pasado 6 de febrero, es decir, hace apenas diez días”.
La delegada provincial apunta a que “bienvenida sea esa reunión” y recordó que “la única administración que hasta ahora ha invertido en esos centros ha sido la Junta de Andalucía. Es decir, hay que recordar que no solo a través del Plan OLA esta ciudad va a tener una cantidad considerable de inversión en esos centros, donde están previstas once actuaciones por un importe de seis millones de euros, además de que en los cuatro últimos años la Consejería solo en esos centros ha invertido más de 1,2 millones de euros”.
Saucedo apunta que dicho encuentro servirá para “aclarar, después de todos los informes que tenemos por parte de la secretaría técnica de la Consejería y del gabinete jurídico, que una vez que se firma ese convenio la normativa que rige es la estatal en la que se deja claro que las competencias de mantener, conservar y la seguridad de dichos centros es de competencia municipal y, por lo tanto, habrá que recordarle al señor alcalde cuáles son sus competencias, y además, recordarle que es el único alcalde que no mantiene los centros antiguos de Defensa”.
Desde el Ayuntamiento siempre se ha achacado que no se le dejó participar en el convenio el día que se firmó entre la Junta y Defensa. La delegada provincial es clara en este sentido. “Esto no es una cuestión de voluntad política, sino de un procedimiento administrativo y un convenio nunca jamas está por encima de una ley estatal, ni tan siquiera la andaluza”, aunque añade que “por supuesto la voluntad política está ahí” para buscar una salida a este conflicto.
Por último, indicó sobre las facturas del agua impagadas que “es una cuestión que hay que planteársela al alcalde este ciudad puesto que los contadores de agua son propiedad del Ayuntamiento”.
