El primer juicio al gobierno de la época de Francisco Camps arrancará la próxima semana con dos exconselleras de Turismo en el banquillo de los acusados: Milagrosa Martínez y Angélica Such. Se trata de la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, que ha llegado a juicio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras cuatro años de instrucción y algunos parones en el camino.
Este procedimiento llegó al tribunal valenciano de la mano del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien estaba investigando la parte troncal del llamado caso Gürtel desde principios de febrero de 2009. Al detectar este magistrado que había personas investigadas valencianas aforadas, decidió remitir el asunto al TSJCV, que en mayo de 2011 asumió la investigación de la parte valenciana.
En ese primer momento, el tribunal dividió la investigación en tres piezas: elecciones municipales y autonómicas 2007 (1); elecciones generales 2008 (2); y pabellón Fitur (3). Y cobraron protagonismo los primeros cargos públicos investigados: la exconsellera y expresidenta de las Corts Milagrosa Martínez; el exvicepresidente del Consell y exdiputado Vicente Rambla; o los también exdiputados Ricardo Costa y David Serra.
Todos estos altos cargos declararon ante el juez, en instrucción, y la mayoría de ellos achacó a los técnicos la responsabilidad de la contratación y la supervisión de los trabajos. Así lo hizo Martínez, actualmente alcaldesa de Novelda (Alicante) y suspendida del PP desde el pasado mes de febrero, quien --imputada en la pieza 3-- negó la existencia de irregularidades en adjudicaciones a Orange Market y se escudó en los técnicos.
Tras varias diligencias y testificales, en enero de 2013 se elaboraron las calificaciones provisionales --paso previo al auto de apertura de juicio oral-- y, con ellas, los primeros disgustos entre los imputados. La Fiscalía solicitaba hasta 11 años de cárcel para Martínez, y la misma pena para el exjefe de gabiente de la Agencia Valenciana de Turisme (AVT), Rafael Betoret; y para el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT, Isaac Vidal.
Unos meses más tarde, en julio, el juez decidió abrir juicio oral por esta pieza 3 contra un total de 13 personas: Martínez; Betoret; Vidal; la exconsellera de Turismo Angélica Such; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (exadministradora de empresas de la trama); y Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades). El juicio se celebrará por los delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
EN SUSPENSO UNOS MESES
Pero unos meses antes de arrancar el juicio, previsto para el 31 de marzo de 2014, el TSJCV se vio obligado a suspenderlo tras dejar el escaño Milagrosa Martínez, la única persona aforada que quedaba en la pieza --tras dejar su acta también Such--, hasta que se decidiera quien era el órgano competente para seguir con el procedimiento.
La decisión sobre la competencia llegó en diciembre, cuando el TS estableció que era el auto de apertura de juicio el que determinaba la imposibilidad de una renuncia del aforamiento con efectos procesales, lo que obligaba al TSJCV a seguir con esta pieza 3 del caso. El resto de piezas --1, 2, 4, 5 y 6-- se han remitido a Madrid, al considerarse el tribunal valenciano no competente por no haber aforados y por no haberse decretado el inicio de la vista.
Así, esta pieza 3 es por el momento la única que permanece en Valencia, y se empezará a juzgar el próximo martes tras cuatro años de investigaciones. La vista --que se prolongará durante 37 sesiones-- arrancará a las 9.30 horas, y los primeros dos días --31 de marzo y 1 de abril-- se destinarán a cuestiones previas. Las declaraciones de los acusados comenzarán el 10 de abril. En total, la causa suma 38 tomos y más de 11.000 folios, a los que hay que añadir varias cajas de documentación y la que se encuentra en soporte digital, han informado desde el TSJCV.
DELITOS Y EMBARGOS
A las 13 personas que se van a sentar en el banquillo a partir del próximo martes se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market --y otras sociedades vinculadas--, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV.
Así, empresas de la presunta trama consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consellera Milagrosa Martínez; y los de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such. Junto a estos contratos, también se pactaron otros como el almuerzo Ifema, otras cuatro ferias más --TCV Valecia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona e Intur Valladolid--; Exporural; y adjudicaciones de las Consellerias de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes con ocasión de la contratación del diseño y montaje de sendos stands en Fitur 2005 a sociedades vinculadas a Orange Market.
Asimismo, los procesados están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.
Recientemente se ha conocido que el TSJCV ha acordado embargar 636.500 euros a Milagrosa Martínez para asegurar su responsabilidad civil; mientras que a Betoret le han embargado 645.000 euros; a Vidal 540.000 euros; a Guarro 230.000 euros; a Grau 137.000; a Correa, Pérez y Crespo, 651.500; a Jordán 440.000; a Magariños 330.000; y a Herrero 336.500.
