El consejero de Justicia e Interior en funciones, Emilio de Llera, ha criticado este miércoles al Gobierno central por el "abandono" de los registros civiles y el "afán privatizador" de este servicio que "está detrás del proyecto de reforma" que ultima el Ministerio de Justicia "para dejar su prestación en manos de los registradores de la propiedad".
En declaraciones a Europa Press, De Llera ha lamentado asimismo la situación que padece el Registro Civil de Sevilla por la falta de suministro de papel timbrado para la expedición de certificaciones y ha confiado en que el problema pueda ser solucionado "lo antes posible" para la correcta prestación de este servicio público.
El titular de Justicia e Interior ha expresado su preocupación por el "deterioro" de los registros civiles y ha expresado su sospecha de que "se esté abonando el terreno para dejar patente la necesidad de plantear su inminente privatización y justificar así su traspaso a los registradores".
El consejero ha mostrado su oposición "al proyecto de privatización" de este servicio "fundamental" para la ciudadanía y ha apostado por la defensa de su carácter público para garantizar la igualdad en su acceso y la calidad en su prestación.
A su juicio, el problema es que el Gobierno del PP "no cree en lo público y en la Junta de Andalucía sí", y por ello "hemos venido defendiendo, frente a los recortes impuestos por el Estado, ese carácter público en aquellos servicios que consideramos esenciales para la ciudadanía", como es el caso de los registros civiles.
PRINCIPIO DE IGUALDAD
En su opinión, la iniciativa del Ministerio de transferir la gestión de este servicio a los registradores de la propiedad "supondría alejarlo de la ciudadanía", especialmente para aquellos que residen en los pueblos, "lo que rompería el principio de igualdad en el acceso a este servicio".
En este sentido, ha explicado que los registros de la propiedad sólo existen en las capitales, por lo que este servicio dejaría de prestarse en los pueblos, como hasta ahora a través de los juzgados de paz, y obligaría a la ciudadanía a desplazarse para la realización de ciertos trámites.
Por último, el consejero ha puesto de relieve la necesidad de defender el empleo público al frente de este servicio para garantizar la igualdad y calidad en su prestación.
