Las separaciones, nulidades y divorcios se incrementaron un 2,3% en el primer trimestre del año, cuando se registraron 34.883 solicitudes de disolución matrimonial frente a las 34.100 del mismo periodo del año anterior, conforme los datos difundidos este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según la estadística, las demandas de disolución, no obstante, se redujeron respecto de la recta final del año pasado. En el último trimestre se recogieron 36.977, un 5,6 por ciento menos que entre enero y marzo de 2015.
Por tipo de disolución, los divorcios siguen siendo mayoría. En el primer trimestre del año se registraron 33.009, de los que 19.595 fueron de mutuo acuerdo, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2014, y 13.414 fueron contenciosos, un 4,1% más.
En las separaciones, un total de 1.818, se produjo la tendencia contraria: subieron las consensuadas un 6,7% hasta las 1.266 y bajaron un 7,2 por ciento las contenciosas, que fueron 552, tal y como destaca el CGPJ. En cuanto a las nulidades, se computaron 56, una más que en el mismo periodo de 2014.
Respecto de las medidas sobre los hijos derivadas de estas rupturas, en el primer trimestre de 2015 se iniciaron 2.483 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 12,7% más que en mismo periodo del año anterior; y 8.878 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, un 4,1% más, subidas estas que el CGPJ atribuye a la crisis económica.
En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, el CGPJ explica que se iniciaron 4.724 consensuados (un 13,2% más que en el mismo trimestre de 2014) y 7.379 no consensuados (un 3,2% más).
CANARIAS Y CATALUÑA EN CABEZA
Por comunidades autónomas, la mayor tasa de demandas de disolución matrimonial se registró en Canarias, con 0,90 rupturas registradas por cada mil habitantes. Le siguen Cataluña (0,83), Andalucía y Asturias (0,80), Comunidad Valenciana (0,79), e Islas Baleares (0,79), todas ellas por encima de la media nacional, que está en 0,75. En el lado opuesto, Castilla y León registra la cifra más baja, un 0,56.
Los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación o divorcio, así como en los relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, continúan viéndose afectados por los efectos de la crisis económica, presentando todos ellos importantes incrementos interanuales.
