El juzgado que investiga una presunta compra de votos por correo en Carboneras (Almería) para los comicios municipales de 2007 ha acordado el archivo de la causa contra el exalcalde socialista Francisco Ruiz Aguado aunque esta continúa contra la concejal en activo Josefa Cruz Orta y las exediles María del Rosario Fernández y Josefa Ruiz, para quienes la Fiscalía interesa penas de multa e inhabilitación por un supuesto delito electoral.
Cruz Orta ha obtenido acta de concejal en las últimas elecciones ya que figuraba como número seis en la lista liderada por José Luis Amérigo aunque forma parte de la oposición en virtud al pacto que ha reeditado el gobierno municipal de los independientes de Gicar junto al PP.
Ruiz Aguado, quien asumió el cargo de forma accidental mientras que quien era entonces primer edil, Cristóbal Fernández, cumplía pena de seis meses de inhabilitación por un delito electoral, queda así fuera del procedimiento penal por segunda vez después de que la Audiencia Provincial revocase en 2011 el sobreseimiento provisional para ordenar la práctica de varias diligencias en las que, finalmente, la jueza instructora no ha encontrado indicios "racionales suficientes" de su "participación" en el delito.
La denuncia que dio lugar a la causa, interpuesta por el PP, señalaba que, a través de un vecino que declaró como testigo posteriormente, se había tenido conocimiento de que el entonces regidor "había arrojado a un contenedor de basura próximo al Ayuntamiento, en periodo de elecciones, una bolsa que contenía resguardos de votos por correo rotos y con una serie de anotaciones manuscritas en los mismos que inducían a pensar que podía haber tratado de obtener votos a cambio de recompensas, dádivas, promesas o remuneraciones ofrecidas a diferentes vecinos".
En su auto de 29 de mayo, consultado por Europa Press, la jueza Almudena Navarro indica que de las averiguaciones llevadas a cabo por la Policía Judicial "no se desprende que ninguna de las personas mencionadas hubiese realizado su voto bajo promesa de dádiva, promesa o recompensa" al tiempo que remarca que no pudo realizarse una segunda prueba pericial caligráfica de Ruiz Aguado para el cotejo con las anotaciones manuscritas y ante las dudas que generó la primera porque se negó "en uso de sus derechos como imputado procesalmente".
Entre estas averiguaciones realizadas a instancias de la Audiencia Provincial en respuesta a un recurso de la acusación particular figuraban constatar "la existencia de las obras de mejora en calles ejecutadas en 2007 y de las que supuestamente se beneficiaron vecinos y comerciantes a cambio de su voto", averiguar los titulares en mayo de 2007 de tres líneas de telefonía fija y entrevista con ellos "a fin de determinar si pudieron votar por correo en base a dádiva recibida o prometida por los imputados" y determinar la "filiación completa" de algunas personas que aparecían en la causa como supuestos beneficiarios.
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la jueza ha dado traslado a la acusación particular para que formule escrito o interese la práctica de nuevas diligencias complementarias si bien el Ministerio Público formuló ya su acusación en 2010 contra las exconcejalas del PSOE Josefa Ruiz y María del Rosario Fernández, quien fue indultada en diciembre de 2006 junto a su hermano y alcalde Cristóbal Fernández tras ser condenada a seis meses de inhabilitación por un delito electoral, así como para Josefa Cruz Orta.
ACUSACIÓN FISCAL
Las tres se enfrentan a una petición fiscal de multa de 40 cuotas a diez euros al día, cuatro meses de multa a razón de razón de diez euros al día y un año de inhabilitación especial para cargo público como presuntas autoras de delitos electorales del artículo 146.1 a) y 2 del la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).
Según recoge el escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, María del Rosarío Fernández y Josefa Ruiz contactaron con una vecina de Almería y le requirieron para que se personará en el Ayuntamiento. Una vez allí, María del Rosario Fernández, entonces primera teniente de Alcalde, le habría dicho textualmente: "Me vas a votar por correo que te voy a dar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento como limpiadora".
Posteriormente, esta vecina de Almería les habría "llevado el voto por correo tras recibirlo" y, ese mismo día, Josefa Ruiz presuntamente le habría dado "diez euros para que se pagara el billete de autobús" de vuelta desde Carboneras mientras le decía: "no te preocupes que vas a tener trabajo".
El Ministerio Público sostiene que la tercera acusada, Josefa Cruz, contactó con otro vecino que trabajaba en un bar del municipio y le habría solicitado "el voto por correo a su partido a cambio de permitir el Ayuntamiento la apertura de una terraza que facilitaría que pudiera seguir trabajando en el mismo". Supuestamente, este camarero le llevó el voto por correo una vez lo recibió.
El escrito concluye que ambos "votaron por correo en las elecciones de 25 de mayo de 2007 en la Oficina de Correos de Carboneras conforme los sobres electorales que les prepararon las acusadas".
