IU lamenta nuevamente el “intento del equipo de gobierno PSOE de justificar lo injustificable respecto a las continuas emisiones de gases malolientes provenientes de la EDAR Guadalquivir. La complacencia del PSOE de Víctor Mora con la empresa concesionaria Aqualia respecto al servicio del ciclo integral del agua raya lo esperpéntico, por no llamarlo de otra manera”.
Asegura que “no basta que se privatizara el servicio por un valor muy inferior a otros del entorno, no basta que desde 2011 el recibo del agua haya subido un 47%, que Aqualia, según un informe municipal, haya vertido aguas residuales al mar sin la debida depuración, que la concesionaria haya cometido presuntamente una estafa a todos los sanluqueños cobrado de mas en los recibos del agua, que hayan cobrado 2,7 millones de euros en unas obras de muy dudosa eficacia, sino que ahora viene el portavoz del Gobierno local, Juan Oliveros, a decirnos que los malos olores que estamos padeciendo los sanluqueños y especialmente los vecinos próximos a la EDAR, se deben a los calores del verano, a las mareas o a los vientos y en el colmo del despropósito, que en otros municipios también está ocurriendo lo mismo, como si eso pudiera servir de consuelo a quienes no pueden abrir las ventanas de sus viviendas debido al mar olor”.
Añade que Oliveros pretende tranquilizar a los afectados diciendo que los gases tóxicos no son perjudiciales para la salud, refiriéndose a unos informes de la propia Aqualia, como “si esta multinacional tuviera alguna credibilidad para los sanluqueños, al respecto. Para rizar el rizo, el portavoz del gobierno manifiesta que el traslado de la EDAR tardara años en ejecutarse. Proyecto que lleva en redacción desde hace años y que el PSOE solo lo saca a pasear cuando hay elecciones municipales”.
Resalta que “para terminar, eludiendo responsabilidad alguna, la ejecución del traslado de la EDAR la pone en el tejado del gobierno estatal, aún cuando el proyecto del mismo está en redacción en manos de la Junta de Andalucía desde hace años”. IU valora que “no existen causas que justifiquen las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera, salvo que la concesionaria se quiera ahorrar gastos en el tratamiento de las aguas y que el equipo de gobierno con el alcalde a la cabeza se lo permite por obra u omisión”. Exige al ayuntamiento el certificado de Industria que acredite que las obrascumplen perfectamente la normativa”.
