Las asociaciones Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente y la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain han denunciado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) "ataques a la independencia judicial en España".
Según informan en un comunicado han dirigido un escrito a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU en el que piden que actúe "ante las graves injerencias del Gobierno en la independencia judicial" y visite España en misión oficial.
En su informe, el segundo que dirigen a la ONU en lo que va de legislatura, aseguran que "diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes".
En concreto hablan de irregularidades en el reciente nombramiento del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y en las reformas de las leyes del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal.
En referencia al "reciente y controvertido nombramiento del nuevo presidente de la Sala Tercera del Supremo", Luis Díez Picazo, estas organizaciones explican que "la no renovación de José Manuel Sieira" en ese cargo "marca un hito".
Ello "al tratarse de la primera vez en la historia del alto tribunal que un presidente de Sala no es renovado para un segundo mandato pese a llevar veintidós años siendo magistrado del Supremo, los últimos cinco ejerciendo como presidente de esta Sala".
Añade que "el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha justificado esta decisión en un contexto de indicios de injerencias del Gobierno con el fin de evitar decisiones judiciales como la anulación del indulto concedido a un conductor kamikaze".
Las entidades que suscriben el escrito ponen en entredicho la última reforma aprobada de la Ley Orgánica del Poder Judicial al introducir, entre otras, modificaciones que merman el carácter colegiado y por tanto la independencia del órgano de gobierno de jueces y magistrados.
Subrayan que con estas son nueve las leyes aprobadas a iniciativa del Gobierno o del PP que introducen modificaciones a dicha norma.
Advierten de que "reformas legales de tan hondo calado como ésta tienen un impacto en la seguridad jurídica sin que se haya producido en ningún momento una verdadera consulta a las organizaciones de la sociedad civil ni se hayan tenido en consideración las opiniones de los operadores jurídicos".
En el comunicado el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, declara que "las presiones del poder político para controlar la judicatura han llegado a niveles que no tienen equivalentes en toda la etapa democrática".
"Los intentos políticos de influir en los altos tribunales están erosionando gravemente la credibilidad de las instituciones judiciales y en nuestro país la división de poderes corre riesgos muy serios y por eso necesitamos la intervención de los organismos internacionales", añade.
Por su parte la directora ejecutiva de Rights International Spain, Lydia Vicente, manifiesta que "la situación en cuanto a la falta de independencia judicial en España es insostenible porque supone una vulneración flagrante de uno de los elementos esenciales del Estado de derecho y porque sin jueces independientes los derechos y libertades de toda la ciudadanía están en peligro".
