El error de un diputado socialista frustró que el Parlamento de Andalucía diera ayer un ‘sí’ unánime a la constitución de la comisión que tratará de depurar las responsabilidades políticas en torno a la supuesta trama ilegal de los cursos de formación de la Junta. Fue sólo la anécdota, porque el recuento de sufragios en el que era el punto más esperado del Pleno de la Cámara arrojó un aplastante respaldo de 108 de los 109 votos emitidos, incluido el de la presidenta, Susana Díaz, aún de baja maternal pero delegado en su sustituto accidental, Manuel Jiménez Barrios. La única incógnita que quedaba por despejar era si el PSOE se abstendría, posibilidad que acabó desechando aun asumiendo que el visto bueno a la comisión implica abrir en canal su propia gestión.
El guión estaba ya trazado en las últimas semanas: la solicitud del PP naufragó al sumar 52 votos (los de su grupo y los anunciados de IU y Podemos) que poco pudieron hacer frente a los 55 que cosechó el ‘no’ de PSOE y Ciudadanos. La propuesta de la formación de Juan Marín, por contra, logró recaudar el apoyo de todos los partidos, incluido el PP pese a la negativa rotunda de C’s a corresponderle con la misma moneda alegando que los populares no están legitimados para indagar la corrupción por su largo currículum de escándalos.
El resultado de la votación alzará el telón, en apenas un mes, del desfile de comparecencias ante la comisión. Eso sí, antes de que los grupos escenificaran un ficticio consenso en el sentido de sus votos los portavoces animaron ayer la sesión con fuego cruzado de reproches. El del PP, Carlos Rojas, lamentó que Andalucía tenga que someter a investigación “el mayor fraude en la historia del país”, que no dudó en atribuir a una “maquinaria del PSOE” que durante años “exoneraba a su antojo a las empresas” de justificar los cursos.
En la otra orilla, el PSOE se negó a admitir, por boca de Rodrigo Sánchez, “lecciones de moral de quienes están corroídos por la corrupción”, disparando incluso por elevación contra el jefe de filas del PP, Juan Manuel Moreno, al que recordó que sobre él “planea la sombra de los sobresueldos”. Sabedora de que su propuesta llegaría a buen puerto, Marta Bosquet reclamó para Ciudadanos la bandera de la lucha contra la corrupción y Antonio Maíllo, en nombre de IU, imploró que la comisión no se transforme en “un show” ni se frustren sus conclusiones.
Ciudadanos, IU y Podemos han mostrado en las últimas semanas su interés en presidir la comisión. El primero, que intuía que su propuesta se impondría sobre la del PP, insistió ayer en que la responsabilidad recaiga sobre Julio Díaz, miembro de la Mesa del Parlamento.
Vuelta a empezar tres años después de los ERE
El visto bueno de la Cámara pone a funcionar la maquinaria de la comisión de investigación, la segunda en dos décadas pero sólo tres años después de la que indagó sobre la trama de los ERE. Aquella hizo desfilar para dar explicaciones a 25 técnicos y cargos políticos, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que podrían tener que sentarse de nuevo ante los representantes de todos los grupos para explicar si estaban al tanto de las supuestas ilegalidades. En los próximos días se deberá consensuar la composición de la comisión y las peticiones de comparecencias que formulen los propios partidos. Entre todos intentarán arrojar luz sobre la presunta malversación de cientos de millones en subvenciones a cursos de formación entre 2002 y la actualidad. Hasta 18 juzgados andaluces investigan en paralelo.
