El próximo 4 de octubre hará un año desde que la Junta de Andalucía aprobó definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital. Es cierto que la aprobación se hizo de forma parcial, supeditada a la corrección de determinados aspectos urbanísticos que, tanto la Junta como el Ayuntamiento, calificaron como meros flecos.
Pues bien, un año después, ni la Junta ni el Ayuntamiento han sido capaces de solventar esos flecos, último escollo para la publicación de PGOU en el BOJA de la Junta, condición indispensable para que este instrumento pueda entrar en vigor. Ayer el alcalde de Jaén se destapó con unas declaraciones acusando a la Junta de Andalucía de frenar deliberadamente la publicación del PGOU por razones electoralistas.
Es decir, cuando más cercano parecía el acercamiento entre las dos administraciones para solventar los últimos trámites, queda de manifiesto de nuevo la confrontación entre el Ayuntamiento y la Junta.
Tiene razón el alcalde cuando advierte del serio peligro que corren las millonarias inversiones comprometidas en la ciudad al calor del nuevo PGOU. Pero lanzar acusaciones de ese calado hacia la Junta, sin tener pruebas, no hace más que poner más piedras en el camino.
