La Audiencia de Sevilla ha aplazado el comienzo del juicio por la estafa piramidal protagonizada por Contsa, empresa en suspensión de pagos desde 2008 y que provocó un déficit patrimonial de 87 millones de euros repartidos entre 1.658 acreedores.
El aplazamiento del juicio, que estaba previsto que comenzara hoy, se ha decidido tras la muerte ayer de un familiar del fiscal que ejerce la acusación pública, según ha explicado la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, al comienzo de la vista oral.
En el juicio, se sentarán en el banquillo de los acusados el dueño de la empresa, José Salas Burzón, para el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel, y su exesposa, Carmen B.D., para la que solicita 6 años de prisión.
El juicio, en el que la juez Mercedes Alaya será la ponente, se celebrará durante doce sesiones, si se cumple el calendario fijado por la Audiencia de Sevilla.
La Fiscalía acusa al dueño de la empresa de un delito societario, por el que le pide tres años de prisión, de un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil, por el que le solicita siete años de cárcel, y de un delito de insolvencia punible, por el que le reclama tres años de prisión.
A su exmujer, la Fiscalía le imputa un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil, por el que le solicita cuatro años de cárcel, y otro de insolvencia punible, por el que le pide dos años de prisión.
Según la Fiscalía, ambos son responsables de la quiebra de Contsa, de "estructura piramidal" y en cuyas cuentas dejaron un déficit patrimonial de 87 millones de euros de 1.658 acreedores, que solo estaban registrados en una lista paralela o B que manejaba el acusado.
La actividad mercantil de Contsa se financiaba con inversores privados que suscribían préstamos participativos con intereses de entre el 5 y el 45 %, aunque los más frecuentes eran del 20 %, de modo que atendía al año intereses por valor de 20 millones de euros, según la Fiscalía.
