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Andrés Liétor, empresario condenado por el caso Malaya, en busca y captura

Liétor, condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por cohecho, tiene ya dos órdenes de busca y captura dictadas por dos juzgados de lo Penal de Madrid y la Sala de Málaga

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La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha iniciado los trámites para dictar una orden internacional de busca y captura del empresario condenado en el caso 'Malaya' Andrés Liétor, al haberse cumplido el plazo dado por la Sala para ingresar en prisión, que finalizó este pasado miércoles, y no tener información sobre él en este tiempo, según han informado fuentes judiciales.

   Liétor, condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por cohecho, tiene ya dos órdenes de busca y captura dictadas por dos juzgados de lo Penal de Madrid y la Sala de Málaga, que se encarga de la ejecución de la sentencia del caso 'Malaya', ha dado ya traslado al fiscal sobre los trámites para iniciar su localización a nivel internacional.

   La Sección Primera dictó un auto por el que se iniciaba la ejecución de la sentencia y en el que se daba a 26 condenados, con penas de prisión superiores a los dos años, un plazo de 10 días para ingresar en prisión, que terminó este pasado miércoles. Posteriormente, les advirtió, en otro auto, de que si no cumplían dicho plazo se decretaría su busca y captura.

   De estos 26 condenados, han ingresado en prisión todos menos cuatro --además de Liétor--; pero en el caso de estos, la Sala sí tiene información al respecto y resolverá en los próximos días respecto a las circunstancias expuestas y sobre la posibilidad de darles un nuevo plazo, según han manifestado a Europa Press las mismas fuentes.

   Así, dos de ellos, Celso Dema, condenado a dos años y medio por blanqueo, y el exedil Rafael Calleja, con tres años y medio de prisión por cohecho, están enfermos, lo que ya ha sido comunicado al Tribunal, que ha pedido los informes médicos correspondientes para que sean valorados por los forenses y, posteriormente, decir al respecto.

   Asimismo, las fuentes han explicado que en el caso del empresario Massimo Filippa, condenado a tres años y seis meses de prisión por cohecho y blanqueo, éste pretende cumplir la pena en una cárcel de Italia, para lo que ya se han iniciado los trámites y las consultas oportunos.

   En el caso del también constructor Carlos Sánchez, condenado a cuatro años y cuatro meses por delitos de cohecho, blanqueo y fraude, su representación legal ha presentado escrito sobre una comparecencia judicial que tiene en estos días en República Dominicana, en la que él es el perjudicado, por lo que también se tendrá que decir al respecto.

YA EN PRISIÓN

   El resto de condenados ya han ingresado voluntariamente en distintas prisiones de España, dentro del plazo, para cumplir la sentencia dictada en el caso 'Malaya', según han confirmado las fuentes.

   Así, en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre han ingresado siete condenados, todos este pasado miércoles por la tarde. Estos son la exalcaldesa Marisol Yagüe, y los exediles Tomás Reñones, Belén Carmona, Rafael González y José Luis Fernández Garrosa.

   En este mismo centro penitenciario ingresaron el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, condenado por un delito de blanqueo de capitales a cuatro años de prisión; y Óscar Benavente, uno de los testaferros del cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, condenado a la misma pena.

   Por otro lado, la exprimer teniente de alcalde Isabel García Marcos ingresó este pasado miércoles por la tarde en la cárcel de Ávila; mientras que los exconcejales José Jaén y Pedro Pérez entraron este pasado martes, día 26, en la cárcel de Barcelona; el exedil Vicente Manciles lo hizo en Valdemoro y Emilio Jorrín, en la cárcel de Algeciras (Cádiz).

   El exprimer teniente de alcalde Pedro Román también ingresó, en su caso en una cárcel de Madrid, al igual que Montserrat Corulla, testaferro de Roca. Antonio Jimeno, cuñado de éste, entró en la cárcel de Murcia y Salvador Gardoqui, el contable de la mayoría de las empresas del cerebro del caso, en la prisión madrileña de Alcalá de Henares.

   En el auto de inicio de la ejecución de la sentencia, la Sala requirió a otros 18 condenados en esta causa, con penas de cárcel inferiores o igual a dos años, a que pagaran las multas y las responsabilidades civiles, tras lo que se decidiría sobre una posible sustitución de la prisión por una multa. En este sentido, la Sala tiene previsto requerir personalmente a partir del lunes a éstos para ver los calendarios de pagos.

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