La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para solicitar a la Consejería de Justicia e Interior un informe sobre las actuaciones que se apliquen desde la Junta para atender a las personas desplazas del conflicto sirio o las previsiones destinadas a los menores con sus especiales necesidades sanitarias, educativas, afectivas y de superación de los traumas vividos durante el conflicto y su desplazamiento.
En el texto de la queja, consultado por Europa Press, la institución señala que desde su puesta en marcha ha prestado una "singular" atención a los colectivos sociales especialmente necesitados de las funciones de tutela y protección de sus derechos, como es el caso de las personas obligadas a huir de sus respectivos lugares de origen como víctimas de conflictos y situaciones que provocan crisis humanitarias y masivos desplazamientos para evitar graves riesgos de hambruna, amenazas sanitarias o muerte, con "especial preferencia y atención a los niños amenazados por estas crisis".
Así, el Defensor apunta que en estos momentos uno de los focos "más terribles" se sitúa en la grave crisis que padece Siria, que habría provocado 4,6 millones de personas desplazadas que fijan mayoritariamente su destino en territorios de los países miembros de la Unión Europea, cuyas autoridades están organizando los sistemas de acceso, asignación de destinos, régimen legal de presencia en los territorios y las medidas que permitan su convivencia en los distintos países.
Estas negociaciones, manifiesta, "se presentan complejas por sus contenidos e igualmente difíciles en cuanto confluyen diferentes valoraciones y posturas de los países miembros", toda vez que recuerda que las autoridades españolas participan en ese marco de decisión y la ejecución en el territorio nacional de los acuerdos y compromisos que se alcancen, lo que "implicará igualmente al ámbito de responsabilidades y competencias de las comunidades autónomas que resulten como destino de estas personas acogidas por España".
Así pues, la Defensoría afirma que Andalucía está llamada a participar en el despliegue de medidas de recepción, asistencia emergente y acciones de integración de esta población. En este sentido, asegura que ha tenido conocimiento de iniciativas de la Junta que anunciaban la puesta en marcha de trabajos preparatorios con las distintas administraciones implicadas y entidades comprometidas en apoyo de estos colectivos.
Además, apunta que se ha mencionado la cifra de 2.000 o 3.000 refugiados, aún a falta de una concreción, por parte de las autoridades españolas en el seno de la Conferencia Sectorial preparatoria celebrada en septiembre de 2015, y "también se ha mencionado, en contactos al más alto nivel con Acnur-España, que los dispositivos estaban en marcha para actuar y que se habían previsto reuniones preparatorias con todas las instancias interesadas".
De este modo, el Defensor destaca que dentro de la organización de la Junta existe la Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias, adscrita a la Consejería de Justicia e Interior, y a la que le corresponde la coordinación e impulso de las actuaciones en materia de migración que en el ámbito de sus competencias mantienen las distintas consejerías del Gobierno andaluz.
Es por ello que el Defensor ha iniciado esta actuación de oficio para solicitar informe a Justicia e Interior en relación con los dos temas arriba mencionados, además de interesarse por las acciones preparatorias de colaboración con entidades o asociaciones de apoyo a este colectivo y el contacto con el resto de las administraciones para disponer los recursos para la acogida del mismo.
