José Fiscal, consejero de Medio Ambiente, ha reconocido en un desayuno de la Cámara de Comercio de Sevilla lo evidente: que hay un considerable retraso en la ejecución de las obras de depuración y saneamiento de aguas en Andalucía respecto a los planes lanzados por el Gobierno andaluz en 2010. Actualmente, en la comunidad se tratan el 85% de las aguas residuales, pero la Unión Europea obligaba a que a cierre de 2015 se estuvieran depurando el 100%.
El incumplimiento de la legislación comunitaria llevará a Andalucía a afrontar multas de al menos 20 millones anuales desde este ejercicio, según los cálculos de la patronal de la construcción independiente Ceacop.
Fiscal ha destacado en cualquier caso que la Junta ha presupuestado 266 millones este año para proyectos de gestión hidráulica en la comunidad. Respecto al porcentaje de tratamiento de aguas en Andalucía, que es ese 85%, ha crecido en unos cinco puntos porcentuales desde 2010.
En ese año el Ejecutivo regional planificó 300 actuaciones hidráulicas de distinto tipo (no todas depuradoras) con un presupuesto total de 1.765 millones. Ceacop calculó, a cierre de 2015, que de ese montante sólo se habían adjudicado en el último lustro obras por 59 millones.
Para respaldar la financiación de esas actuaciones, la Junta aprobó cobrar desde mayo de 2011 el canon del agua en todas las facturas, impuesto que le ha proporcionado 345 millones de euros desde entonces. Ceacop ha llevado a la Fiscalía -que de momento no ha iniciado investigaciones- sus sospechas de que esos fondos que por ley son finalistas para actuaciones hidráulicas no se están empleando en ellos.
Fiscal ha defendido, junto a todo ello, la futura Estrategia de Generación de Empleo Ambiental de Andalucía, que recogerá desde un diagnóstico del sector hasta la puesta en marcha de “actuaciones en áreas como calidad del aire, recursos hídricos, gestión de residuos o reciclaje”.
