El defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor, Jesús Maeztu, ha alertado hoy sobre el incremento de los internamientos en centros de menores como consecuencia de la violencia filioparental, con una subida especialmente acuciada en las niñas, por lo que reclama más recursos para terapias conjuntas.
En su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar el informe sobre la atención a menores infractores en los centros de internamiento andaluces, Maeztu ha señalado que el problema con la violencia de hijos a padres "es agudo" y ha abogado por "educar al niño para que no sea necesario castigarlo después".
Ha mostrado la especial preocupación de su institución por este aspecto, ya que según los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2013 hubo un aumento del 60 por ciento de sentencias relacionadas con este tipo de delitos.
En Andalucía, durante 2013 este tipo de delitos supusieron el 11,4 por ciento del total de sentencias impuestas a menores de entre 14 y 17 años, con una subida del 30 por ciento en las niñas y del 10 por ciento en los niños, ha explicado Maeztu.
Asimismo, ha resaltado la aceptación por parte de la Junta de algunas de sus recomendaciones sobre la atención a menores infractores, como es la retirada de las concertinas en los centros.
En ese sentido, ha detallado que la Junta dio instrucciones a partir del 1 de enero para retirarlas de los centros en los que estaban instaladas, con un plazo máximo que expiró el 28 de febrero, aunque todavía no han podido comprobar si se han quitado en todos ellos, salvo en uno de Málaga donde sí lo han certificado.
La recomendación del Defensor del Menor incluía la adopción de medidas alternativas para garantizar la seguridad, ya que Maeztu ha manifestado que es posible instalar otros elementos disuasorios sobre el vallado de los centros que dificulte la fuga, "pero que no produzcan los efectos negativos para la integridad física de las personas que actualmente tiene el uso de concertinas".
"Los dispositivos de seguridad no se pueden llevar al extremo de cohibir desproporcionadamente la conducta del menor internado", ha agregado.
Ha valorado la reorganización y distribución de centros que puso en marcha la Junta en 2015, pero ha lamentado la carencia de plazas que hay en Málaga y Granada, con "serias dificultades" para cumplir las medidas de internamiento en un centro cercano al domicilio.
Mientras se soluciona ese asunto, Maeztu ha destacado que sí se ha conseguido que se financie el transporte a las familias, algo que "aunque no es una medida suficiente sí es necesaria".
Ha subrayado la "rápida respuesta" de la administración a su demanda de una normativa reguladora del funcionamiento y características de estos centros, que se aprobó mediante decreto.
El Defensor del Menor ha abogado por mejorar la atención jurídica a los menores con medidas como que sea un único letrado el que le defienda en todas las causas o aumentar la comunicación con ellos mediante el uso de nuevas tecnologías.
En cuanto a los menores con problemas de salud mental, ha urgido a poner en marcha medidas preventivas que evitan que cometan un delito, ya que "no es justo que haya que esperar a que cometa una actividad delictiva para actuar contra la patología".
Maeztu ha detallado que en estos casos siempre hay "un recorrido de llamadas de atención" antes de delinquir y ha señalado que hay familias "desesperadas" que acuden al Defensor, que piden ayudas a los servicios sociales, a los profesores, a los servicios de salud y que incluso se entrevistan con la Fiscalía, y que solo tienen la salida de presentar denuncia contra él para que se le interne.
