La fiscales han calificado de "complejas" el 30 por ciento del total de 103.178 causas que han revisado desde la entrada en vigor el pasado 1 de julio de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que obliga a hacer la distinción entre los asuntos simples y los de especial complejidad antes del próximo 6 de junio con el objetivo de aplicar a los mismos los nuevos plazos de instrucción.
Estos datos, que son novedosos, han sido aportados por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, durante su comparecencia este lunes en la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha apuntado que son el resultado del plan de refuerzo que se solicitó al Ministerio de Justicia con el fin de poder dar cumplimiento la reforma.
El 70 por ciento de causas restantes, por lo tanto, se han calificado de sencillas, y se les concederá por tanto un plazo de instrucción de tan sólo 6 meses que no podrá prorrogarse.
Madrigal fue cuestionada por la reforma procesal por parte de la práctica totalidad de portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, a los que contestó que el interés de la Fiscalía es la celeridad y que las investigaciones "sean ágiles". "Pero los plazos no son la única solución, junto con ellos necesitamos que se adopten medidas de eficacia, por ejemplo por parte de las periciales en los órganos oficiales, que a veces ralentizan", puntualizó la fiscal general.
Madrigal ha reconocido que el articulo 324 de la LeCrim -que es el que establece los plazos-, tendría un mejor encaje en un texto como era el borrador del Código Penal Procesal -que no llegó si quiera a iniciar el trámite parlamentario-, que asignaba la instrucción penal a los fiscales.
"Ahora, el artículo impone al fiscal un sobresfuerzo" ha añadido Madrigal en alusión al a declaración de complejidad o no de las causas antes del próximo 6 de junio. Ha reconocido, es sí, que se solicitó un refuerzo al Ministerio de Justicia sobre todo en relación con juzgados están a kilómetros de distancia de las Fiscalías cuyos responsables debían clasificar las causas ya iniciadas sin dejar de hacer el resto de sus tareas. Justicia les asignó 80 fiscales de refuerzo.
En todo caso, y respecto de las criticas de los diputados, Madrigal ha subrayado que la aplicación de los plazos de instrucción no crean impunidad alguna "porque la ley establece la posibilidad de prórroga de la investigación de 6 a 18 meses e incluso después de ello que se obtenga un plazo indeterminado, como ha existido tradicionalmente".
NÓOS
En cuanto a las críticas de algunos diputados a la posición del fiscal del "caso Nóos", Pedro Horrach, la fiscal general ha recordado que cuando ella asumió el cargo la posición del Ministerio Público en esta causa, que ha sentado en el banquillo por primera vez a una Infanta de España, a se encontraba "consolidada".
Ha añadido que la postura de Horrach es la encomendada desde la jefatura de la fiscalía Anticorrupción cuyo titular, Antonio Salinas, goza de su plena confianza "y su profesionalidad está garantizada". "Horrach no defiende a la Infanta Cristina sino su propia postura procesal", ha manifestado.
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LEXNET
Sobre los problemas que están apareciendo por la implantación de Leyente para la consecución del objetivo del "papel 0" en los juzgados, Madrigal ha reconocido que las Fiscalías no cuentan con "un sistema tecnológico con la suficiente interoperabilidad", si bien colaboran con el Ministerio de Justicia y los responsables de las doce comunidades autónomas con competencias en Justicia para avanzar en este asunto.
Ha recordado que su departamento ya manifestó la "imposibilidad" de asumir el uso de LexNet para la entrega en los juzgados de todos los escritos -algo que es obligatorio desde el pasado 1 de enero- y lo limitó a las fiscalías del territorio Ministerio en los órdenes Civil, Social y Contencioso-Administrativo y en un juzgado de lo Penal por cada uno de los territorios.
"Esta experiencia limitada tenía como finalidad detectar fallos del sistema, y hoy no estamos en condiciones de ampliar esta funcionalidad", según ha reconocido Madrigal, que ha manifestado que "se trabaja a intensamente por la integración de la Fiscalía en el expediente digital".
Madrigal ha negado que esta limitación en el uso tenga que ser entendida como una crítica al proyecto del Gobierno. "Yo no lo veo así, lo veo como una colaboración leal y el ministro está de acuerdo conmigo", a juicio de Madrigal, que señala que el problema no es de medios materiales o tecnológicos, "sino de procedimientos"
JUSTICIA UNIVERSAL
También a preguntas de los diputados Madrigal se ha referido a la práctica desaparición de la denominada "Justicia Universal", si bien ha señalado que se rata de un tema "fundamentalmente legal", a resultas de la reforma de la Ley en el Parlamento, que reduce la competencia española en estas causas a aquellas en las que los querellados sean españoles o se encuentren en España. "Nos hemos adaptado a ello, no queríamos alentar falsas expectativas", ha reconocido.
Se ha referido también a la peticiones de la juez argentina Servini y sus requerimientos para la detención en nuestro país de determinadas personas implicadas en la causa por los crímenes del franquismo.
"La juez Servini ha planteado requerimientos no han sido tramitados por Interpol porque estaban defectuosamente cursados", ha dicho Madigal. Ha añadido que la Ley de Amnistía en el país andino no permite a los tribunales españoles intervenir y que además hay personas fallecidas afectadas por estos requerimientos.
También se ha referido la fiscal general durante su comparecencia a la necesidad de crear en todos los departamentos una Oficina Fiscal porque ellos no son gestores sino "expertos en acusar", y ha restado importancia al nivel de conformidades alcanzadas en los juicios.
"Existe un protocolo de conformidades, el fiscal debe adaptarse a ese protocolo y se prima la restitución del dinero y la colaboración con la justicia", ha dicho Madrigal.
PAGAR AL DELATOR
En este punto se ha referido a la necesidad de que las personas compelidas de forma "episódica" por casos de corrupción puedan ser beneficiados por exenciones de pena si colaboran con la Justicia y en la posibilidad de incentivar las denuncias con sistemas como los empleados en países como EE.UU., donde "incluso se paga a quien aporta información relevante".
Sobre la persecución de 'tuits' que fomentan el odio, Madrigal ha advertido de la dificultad en muchas ocasiones de perseguirlos debido a la falta de autor conocido.
Tampoco cree que se estén criminalizando opciones políticas por las causa abierta en la Audiencia Nacional contra un edil de Vic (Barcelona) que pudo incurrir en delito por animar ciertas conductas, si bien ha descartado que se estén persiguiendo las adhesiones de determinados ayuntamientos a la declaración independentista del Parlament.
Finalmente, Madrigal ha sido inquirida por el recurso de la Fiscalía ante la intención de un juez de la Audiencia Nacional de archivar la causa por la pitada al himno durante la celebración de la última copa del Rey. Ella entiende que lo ocurrido constituye un "ultraje" al símbolo nacional porque, "una tela (en alusión a la bandera) puede rasgarse y así se comete ultraje, pero los himnos son una sucesión de acordes" y a su juicio se puede ultrajar con una pitada.
