La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge el próximo martes, 17 de mayo, el juicio contra F.J.O.B., subinspector en 2013 del Cuerpo Nacional de Policía en Huelva, por presuntamente haber cometido los delitos de falsificación de documento público-mercantil (éste como inductor directo) y de fraude por estafa, después de inducir al dueño de un taller a inflar las facturas de reparación de los coches policiales y quedarse con el sobreprecio. Por estos hechos, se enfrenta a petición del fiscal a tres años de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación como Policía Nacional o cualquier otro cargo o empleo público a los que pudiera acceder por oposición pública.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Viva Huelva, se explica que en septiembre de 2013 el citado subinspector era el responsable del área de automoción de la Comisaría Provincial de Huelva, y entre sus cometidos se encontraba gestionar la reparación de los vehículos oficiales, abonándose las facturas a cargo de las partidas presupuestarias de la Dirección General de Policía.
Aprovechándose de este cargo, el acusado acabó induciendo al dueño de un taller de la capital onubense a inflar las facturas con el fin de quedarse con el sobreprecio. El escrito de acusación señala: “El acusado acudió al establecimiento [...] a cuyo encargado, movido por un afán lucrativo, solicitó un incremento ficticio de las facturas correspondientes a la reparación de varios vehículos policiales, haciendo así que las mismas fueran por importes superiores a los reales, incorporando a su patrimonio la diferencia entre el valor real de la reparación y la cantidad facturada a la Dirección General de la Policía”. Por este motivo, en el proceso de instrucción, el dueño del taller prestó declaración como imputado, pero posteriormente fue desimputado, ya que según resolvió la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, en auto de 12 de febrero de 2015, el empresario actuó “determinado a ello para conservar el volumen de encargos y trabajos que le suponía la flota de vehículos de la Policía… no tratando de obtener un lucro ilícito en la actividad, sino de realizar los trabajos remunerados propios de su dedicación profesional”.
En cuanto al modo de proceder del cargo policial acusado, las diferentes operaciones se llevaron a cabo desde el 30 de septiembre de 2013 hasta el 21 de marzo de 2014. En ese periodo de tiempo, F.J.O.B. indujo al propietario del taller a sumar horas ficticias de manos de obra, instalación de cubiertas que ni se compraron ni se montaron en el taller, o compra y colocación de un kit de embrague. En la suma de todos estos servicios no prestados, el cargo de la Policía Nacional de Huelva logró presuntamente 476 euros para su bolsillo.
La Fiscalía señala que estos hechos “son constitutivos de un delito continuado de falsificación de documento público-mercantil realizada por particular” así como “un delito continuado de fraude de funcionario público por estafa”. “Es autor el acusado, como inductor directo, del delito de falsificación y como autor del delito de fraude por estafa”.
Por todo ello, el fiscal considera que “procede imponer al acusado las penas de tres años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y accesoria de inhabilitación para cargo y empleo público como miembro del Cuerpo Superior de Policía o cualquier otro cargo o empleo a los que se pueda acceder por concurso/oposición pública por cuatro años y seis meses”. Asimismo, se solicita para el acusado que indemnice a la Dirección General de la Policía con la cantidad de 476 euros, misma cantidad que, al parecer, este cargo policial se embolsó con su práctica presuntamente delictiva hasta que fue descubierto y llevado hasta el banquillo de los acusados.
