El jefe del Ejército paquistaní, Raheel Sharif, confirmó hoy las condenas a muerte de doce personas juzgadas en tribunales militares y castigadas por su implicación en actos de terrorismo, lo que eleva a 89 los sentenciados a la pena máxima por las Fuerzas Armadas en el último año y medio.
"Los terroristas estaban implicados en actos atroces, entre ellos el asesinato de civiles, ataques contra las Fuerzas Armadas de Pakistán y la destrucción de colegios y infraestructuras de comunicación", informó en un comunicado la oficina de Relaciones Públicas del Ejército (ISPR, en sus siglas en inglés).
Entre los sentenciados se encuentran nueve miembros del principal grupo talibán del país, el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), y tres integrantes de la organización sectaria suní Lashkar-i-Jhangvi.
Pakistán aprobó a comienzos de 2015 la creación de tribunales militares especiales para casos de terrorismo, una de las medidas propiciadas un mes antes por el ataque del TTP a una escuela gestionada por militares en la ciudad noroccidental de Peshawar, en el que murieron 125 niños y varios empleados del centro.
Los tribunales militares han condenado hasta ahora a 93 personas, 89 de ellas a muerte.
Doce de los condenados han presentado apelaciones ante el Tribunal Supremo, con la alegación de que sus derechos constitucionales han sido violados por la falta de abogados y la coerción para que confesaran.
Se espera que el máximo organismo judicial paquistaní haga público su veredicto en pocas semanas.
Los juicios militares se celebran a puerta cerrada sin presencia de la prensa y el Ejército se limita a anunciar los fallos.
El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, levantó a finales de 2014 la moratoria que pesaba sobre la pena de muerte para los casos de terrorismo al día siguiente del ataque talibán a la escuela y en marzo lo extendió al resto de delitos.
Desde entonces, unas 415 personas han sido ahorcadas, la mayoría por delitos no relacionados con terrorismo, según la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, que ha condenado las ejecuciones.
