La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha aplazado hasta el próximo día 15 de este mes el inicio del juicio que iba a comenzar este miércoles contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y siete exediles por presuntas irregularidades en la compra y el alquiler de varios locales del puerto deportivo.
Esta causa partió de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que se dividió en varios procedimientos, a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales, que, entre otras cuestiones, analizaba las valoraciones de bienes inmuebles municipales y los convenios firmados.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, Muñoz, como alcalde accidental, firmó un convenio en 1996 de compra de tres locales comerciales del puerto, fijándose como forma de pago la cesión de un lote de cuatro parcelas en una urbanización, con una reconocimiento de deuda de una parte desde el Ayuntamiento a la vendedora.
En 2000, un hombre, también acusado en esta causa, solicitó alquilar dichos locales por cinco años, dictando el exregidor un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento, utilizando un procedimiento "sin publicidad y concurrencia que beneficiaba al interesado, perjudicando los intereses del Ayuntamiento que se ve privado de considerar otras posibles ofertas más beneficiosas".
El fiscal señala en su escrito inicial que "no existió valoración de los locales y de las rentas acorde al mercado", haciendo Julián Muñoz "una estimación unilateral que coincide básicamente" con lo propuesto por la persona interesada en alquilarlos, pero que "contrasta frontalmente con el establecido para otros locales de la misma zona".
Esta operación, según el ministerio público, evidencia "un trato de favor" hacia el acusado que quiso alquilar los locales y "un perjuicio a las arcas públicas al dejar de percibir un mayor importe de renta". Dicho perjuicio, indica la Fiscalía, se cuantificó en 115.515 euros.
Asimismo, la acusación pública señala que el entonces secretario realizó un certificado en el que aludía a la compra de los locales "faltando a la verdad por cuanto, como se había expuesto por el Tribunal de Cuentas, la titularidad correspondía a una sociedad municipal".
Se añade que la comisión de gobierno que conoció estos asuntos, formada por los exediles acusados, "carecía de competencia para pronunciarse, ya que la titularidad de dichos locales la ostentaba esa sociedad municipal" y tampoco podía facultar al alcalde en la formalización del contrato con el arrendatario, que cedió ese derecho y "prácticamente no había satisfecho pago alguno de renta".
El fiscal acusa a Muñoz de los delitos de malversación de caudales y de prevaricación administrativa, solicitando cuatro años y medio de prisión y 16 años y seis meses de inhabilitación. Al exsecretario le acusa de esos mismos delitos y de otro de falsedad, solicitando que se le impongan ocho años y medio de cárcel.
A los exediles sólo se les acusa por un delito de prevaricación administrativa, pidiendo penas de inhabilitación; y al que alquiló los locales por malversación como cooperador necesario, solicitando tres años de prisión. En cuanto a la responsabilidad civil, se insta a que los acusados indemnicen solidariamente al Ayuntamiento con 115.515 euros por la renta que no percibió y 24.401 por lo pendiente.
