El PSOE de Algeciras se ha referido al último auto del Tribunal de Justicia de Andalucía sobre el parking La Escalinata, "demoledor para los intereses municipales algecireños, debe tener consecuencias políticas para quienes gestaron este y otros aparcamientos subterráneos en Algeciras. La estrategia del actual gobierno local, también en manos del PP, no incluye más salida que seguir pleiteando, aunque van sumándose los autos y sentencias contrarios a las tesis municipales".
“La responsabilidad política directa es de quienes aprobaron la construcción de los parkings subterráneos en abril del año 2000, los mismos que luego redactaron el pliego de condiciones del de La Escalinata y lo adjudicaron a Nautagest. Todas han sido decisiones del PP, de sus representantes, y entre ellos del que hoy es alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que aprobó los aparcamientos y participó en su impulso”, afirma el portavoz municipal socialista, Fernando Silva.
“De hecho, la mala decisión que ya estamos pagando hace tiempo los algecireños fue la adjudicación definitiva del parking en julio de 2001. La estrategia judicial del actual gobierno local ha sido rechazada con mucha contundencia por el reciente auto del TSJA. Y nos preocupa que se nos diga que esa estrategia no va a cambiarse con nuevos informes técnicos más contundentes, ni por otras decisiones”, señala Fernando Silva.
“Landaluce ha perdido hoy la oportunidad como alcalde de presidir la comisión de Urbanismo, dar la cara y ser claro. Ha desaparecido para no hablar sobre La Escalinata, sobre sus responsabilidades políticas. Lamentable. Este es un asunto que ya le ha costado mucho a todos los algecireños, y si no reflexiona con honestidad sobre los resultados de las decisiones municipales anteriores y los fallos judiciales, el daño será mayor”, opina el portavoz municipal socialista.
El gobierno local del PP ha gastado 18.360 euros de las arcas municipales en la redacción de un informe técnico que, según anunciaron, iba a rebatir la posibilidad de un derribo completo del aparcamiento. El técnico redactor, cuando ha sido preguntado por el TSJA, ha venido a reconocer lo contrario, que es posible la demolición total del edificio, manteniendo los sistemas de contención de pantallas y anclajes. El gobierno local del PP tampoco ha presentado otros informes técnicos que avalen los riesgos que tendrían para otros edificios colindantes la demolición total del parking. “Esto es un ejemplo claro de incompetencia política. Gastar dinero público para que un técnico avale una tesis municipal que el mismo técnico anula ante el tribunal”, apunta el portavoz municipal socialista.
“Después del auto del TSJA y la decisión de recurrir, mucho nos tememos que estamos ante solo un nuevo intento de retrasar la ejecución de una sentencia que obliga a la demolición. El PP, lejos de afrontar la responsabilidad política de sus nefastas decisiones urbanísticas, vuelve a trasladar el problema para dentro de uno o dos años”, concluye Fernando Silva.
