La Consejería de Justicia e Interior ha abonado un total de dos millones de euros a los consejos andaluces de colegios de Abogados y Procuradores para liquidar los pagos por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondientes al último trimestre de 2016 en Sevilla.
Según ha explicado la Consejería, de esta cantidad abonada, la mayor parte --1,8 millones de euros-- se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados, mientras que los procuradores han recibido un total de 221.553 euros. Este pago supone el abono total de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita del año 2016 en Sevilla que asciende a 7,8 millones de euros.
La Consejería de Justicia e Interior, que dirige Emilio de Llera, cumple así el acuerdo que alcanzó con los colegios que representan a estos profesionales para abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía.
Una vez culminados los pagos del ejercicio 2016, la Consejería trabaja ya en el nuevo curso, que cuenta con algunas novedades en relación al año anterior.
En este sentido, el presupuesto de 2017 incluye un incremento para el turno de guardia del diez por ciento y, para el turno de oficio, los módulos que remuneran a los abogados y procuradores se incrementan en un cinco por ciento en 2017, y en 2018 se recuperan los módulos existentes antes de la bajada del diez por ciento en 2012, de manera que los profesionales recuperan los derechos que se vieron afectados por la crisis económica.
Además, este año también se han incrementado las cantidades destinadas a los gastos de funcionamiento de los colegios profesionales hasta el ocho por ciento. El presupuesto para esta partida en 2017 asciende a 43,2 millones de euros, casi cinco millones más que en 2016.
Desde 1997, Andalucía ha destinado más de 400 millones a la asistencia jurídica gratuita. Al igual que en años anteriores, Andalucía continúa siendo una de las comunidades autónomas que más inversión destina a la justicia gratuita en términos absolutos. Porcentualmente, la justicia gratuita representa el 9,7 por ciento del presupuesto de Justicia, frente al 6,9 por ciento del total del Estado.
La Consejería de Justicia e Interior ha realizado "un gran esfuerzo" en los últimos años para el sostenimiento de la justicia gratuita, "pese a las dificultades económicas y presupuestarias", ha resaltado la Junta, que ha añadido que el departamento que dirige Emilio de Llera ha conseguido reducir los plazos de los pagos y el volumen de las cuantías pendientes con abogados y procuradores hasta estar al día en los abonos.
La asistencia jurídica gratuita la prestan actualmente en Andalucía más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000) y de ella se benefician unas 300.000 personas al año.
ORIENTACIÓN JURÍDICA PENITENCIARIA
Por otra parte, la Junta ha abonado en el mes de marzo 7.935 euros por las actuaciones de asesoramiento jurídico realizadas a los internos en los centros penitenciarios en el cuarto trimestre de 2016, lo que supone un total de 32.154 euros correspondiente al año 2016 por la asistencia que ofrecen los profesionales de los colegios de abogados en los centros penitenciarios de Sevilla, cumpliendo así con el compromiso adquirido en el convenio firmado con el Ministerio del Interior y los letrados para este servicio.
Gracias a este servicio, más de 4.000 reclusos de las trece prisiones existentes en Andalucía recibieron asistencia por parte de letrados especialistas en materia penitenciaria, que se desplazan a las prisiones para prestar la orientación jurídica en unas horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces y a favorecer su reinserción social.
La población reclusa cuenta así con asesoramiento gratuito sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita general.
