El acto fue presidido por el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a los tenientes de alcalde de Urbanismo y Valle del Guadiaro, Juan Manuel Ordóñez y Óscar Ledesma. Además del primer edil, explicaron las posiciones del Ayuntamiento el jefe del Área de Urbanismo, Nicolás Moncada, y Alberto López, técnico de Medio Ambiente, mientras que Antonio Muñoz, representante de Verdemar, expuso las de su colectivo. Asimismo, intervinieron en el debate representantes de San Roque Sí Se Puede y el PIVG, así como vecinos y empresarios de la zona.
Ruiz Boix comenzó explicando el proceso administrativo que ha seguido este proyecto, tras ser presentado por primera vez en marzo de 2016. Tras el plazo de exposición pública, en el que presentó alegaciones el Ayuntamiento de San Roque, se hicieron varias modificaciones a la pretensión inicial, siendo las más importantes que el fondeadero ya no se interna en aguas de la provincia de Málaga y que se ha recortado su superficie a la mitad, pasando de 6.000 a 3.000 hectáreas. Sin embargo, sigue afectando de lleno al litoral sanroqueño, ya que comenzaría en la zona de Torrenueva, de La Línea, y finalizaría en Cala Sardina.
El nuevo proyecto de ampliación del espacio portuario ha sido llevado en dos ocasiones al Consejo de Administración de la APBA (en marzo y abril pasados), siendo retirado en ambos casos del Orden del Día debido a las presiones de distintos colectivos y administraciones, como el Ayuntamiento de San Roque, cuya Corporación lo rechazó por unanimidad en el último Pleno Ordinario.
Nicolás Moncada, por su parte, se basó en una serie de diapositivas para exponer cómo quedará el litoral norte del municipio en el caso de que se apruebe el fondeadero. Explicó que la APBA prevé alcanzar un tráfico de 125 millones de toneladas en 2020, por lo que le urge ampliar su espacio portuario. “Al no haber espacio para tantos barcos en la Bahía -apuntó- se plantea un fondeadero exterior en la vertiente mediterránea”.
Sin embargo, argumentó Moncada “no se ha tenido en cuenta el impacto ambiental del fondeo y del avituallamiento para los 6.000 buques al año que se barajan”, y de hecho “la APBA ni siquiera ha sometido este documento a una evaluación ambiental estratégica”, lo que el técnico calificó de “vicio de nulidad”. Además de que el impacto visual dañará el desarrollo turístico, señaló que este fondeadero irá contra la pesca, ya que afectará los caladeros de Cala Sardina, Torrecarbonera y la desembocadura del río Guadiaro.
Antonio Muñoz, mientras, explicó que Verdemar considera este proyecto “ilegal porque no cumple con la normativa europea”, y adelantó que su colectivo va a mantener una reunión con responsables de Costas del Ministerio de Medio Ambiente “para intentar pararlo”.
Criticó que la APBA “ha roto la dinámica del litoral de la Bahía de Algeciras”, de manera que se han perdido tramos de playa y el agua entra en viviendas en varias zonas. “El destrozo ambiental -dijo- no es comparable con la economía que genera el puerto”, ya que la tasa de paro sigue rondando el 40%. “Han acabado con la Bahía de Algeciras -señaló-, y ahora quieren acabar con el litoral turístico del principio de la Costa del Sol”.
Por su parte, el técnico de Medio Ambiente, Alberto López, recalcó que este fondeadero “no va a permitir el desarrollo normal de la pesca en los tres caladeros”, además de que habrá un aumento importante de las emisiones de contaminantes atmosféricos, especialmente de dióxido de azufre. También argumentó que afectará a espacios naturales protegidos como el Estuario del Río Guadiaro y el Parque Natural de los Alcornocales, ya que la Junta de Andalucía quiere ampliar este último a las zonas de Borondo y Guadalquitón.
La próxima reunión informativa tendrá lugar este viernes a las 13.00 horas en el Hotel Marítimo de Puerto Sotogrande, mientras que la última se celebrará el martes 16 a las 19.00 horas en el CEIP Gloria Fuertes (Avenida Los Cano, Pueblo Nuevo).