El Tribunal de Cuentas acoge esta semana el juicio ordinario del procedimiento de reintegro por alcance que se sigue contra un funcionario de la Universidad de Almería (UAL) para dirimir si se apropió irregularmente de más de 241.000 euros de dinero público procedente de fondos públicos anticipados para la compra de sellos.
El juicio, señalado para el próximo miércoles a las 10,00 horas, se va a celebrar por videoconferencia ante el Departamento Primero, según han confirmado a Europa Press fuentes del órgano fiscalizador. El presunto alcance que se enjuicia es de 241.128,29 euros, más sus correspondientes intereses calculados desde el día 24 de septiembre de 2015 hasta el día 7 de abril de 2016 en 4.203 euros.
En mayo de 2016, el Tribunal de Cuentas anunció los hechos supuestamente motivadores de la responsabilidad contable, que se extienden entre los años 2003 y 2015, y emplazó a las partes implicadas en el caso para que se personasen en los autos y comunicasen si mantenían o se oponían a la demanda.
Por otra parte, en enero, acordó mantener el embargo de sueldo percibido por el investigado al desestimar el recurso interpuesto por la defensa del funcionario ante la providencia en la que se ordenaba esta medida cautelar.
En el recurso, se solicitaba el archivo del procedimiento al entender que era "incompatible" con la investigación que ya sigue el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería por presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsedad contra el funcionario.
Cabe recordar que en el marco de estas diligencias previas el funcionario, ya cesado, F.J.C.F., prestó declaración en sede judicial ante la jueza Ana Belén Vico, encargada de la investigación por vía penal después de que la Fiscalía interpusiera denuncia contra él a raíz de los hechos que puso en su conocimiento la propia institución académica.
También prestaron declaración, en calidad de testigos, dos jefes de servicio de la UAL ante quienes el investigado habría "admitido" el supuesto desfalco después de que ellos le interpelasen sobre el "descuadre económico" encontrado en la compra de sellos.
Fue la propia UAL la que puso en conocimiento del Ministerio Público en septiembre de 2015 las conclusiones de una investigación reservada que se inició en un cotejo de datos realizado por la Unidad de Contratación, de Patrimonio y de Servicios Comunes sobre el volumen de compras a proveedores con el objetivo de "reducir costes" y coincidiendo con el inicio del mandato del nuevo rector, Carmelo Rodríguez.
La universidad detectó un primer "desajuste económico" en el ejercicio 2014 entre la contabilidad y el expediente de contratación con la Sociedad Estatal de Correos por un importe, en principio, superior a los 31.000 euros.
A partir de ahí, y tras entrevistar al supuesto responsable, la información reservada se remontó hasta el año 2002 y, tras revisar los datos, se habrían constatado "discrepancias" a partir del año 2003 que, en total, habrían dado lugar a "un desajuste por importe de 240.445 euros".
PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE FACTURAS
La investigación de la UAL habría revelado, asimismo, que el funcionario supuestamente se "apropiaba" del importe de los "anticipos para la compra de sellos obtenidos cada 15 días" y que, además, habría podido "falsificar las facturas que se entregan como justificante" ya que se "observó la ausencia de requisitos necesarios para ser consideradas válidas".
La Fiscalía acordó formular denuncia y pedir la incoación de procedimiento penal a apreciar, sin perjuicio de una más depurada calificación en su momento procesal oportuno, que los hechos comunicados por la universidad podrían suponer un presunto delito de malversación de caudales públicos y un supuesto delito de falsedad en documento oficial.
La UAL, además de incoar expediente disciplinario por presuntas faltas graves y comunicar las conclusiones a las que llegó en el trámite de información reservada, puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía los hechos "por los perjuicios causados a los fondos públicos universitarios".
Por otro lado, el funcionario fue primero desautorizado para disponer o utilizar fondos económicos de cualquier centro de gasto de la institución y, posteriormente, cesado en su puesto.
