Sobre éste último el PP recuerda que acompañó al ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en el “escandaloso” fin de semana de cacería que a la postre provocó su dimisión, aunque no la del propio González, quien “pervive al frente de su cargo como han pervivido desde entonces, y perviven, las filtraciones denunciadas”.
Hay un tercer cargo a quien, según el PP, se le ha de tomar declaración, el comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), José Luis Olivera.
Así consta en el texto de la denuncia que el PP presentó en el Juzgado de Instrucción número 34 de Plaza Castilla, en Madrid, en el que además pide personarse como acusación particular por los “especiales perjuicios” que los hechos le han causado.
Horas después, en la sede del PP, el responsable de Justicia de los populares, Federico Trillo, desgranó el contenido de dicha denuncia a los periodistas.
Para el PP, es atribuible por las filtraciones “un delito continuado de revelación de secretos”, una “revelación de actuaciones secretas” y “una interceptación ilegal de las comunicaciones” de dirigentes del partido, y con el fin de corroborar sus apreciaciones cita diferentes artículos del Código Penal.
Por ello, el PP estima que “podrían practicarse” una serie de diligencias, entre ellas, que se tome declaración a Camacho, a González y a José Luis Olivera.
Los populares también solicitan la declaración de cuantos funcionarios de la Policía Judicial hayan participado en las escuchas telefónicas y de una persona de la UDEF, a quien no identifica en la denuncia, que supuestamente efectuó una llamada al presidente valenciano, Francisco Camps, el pasado 5 de marzo.
Ese mismo día el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió remitir la investigación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al encontrar indicios contra Camps, y por lo que explicó ayer Federico Trillo, una persona de la UDEF telefoneó al móvil del presidente autonómico para comunicarle la decisión del magistrado.
Según la versión de Trillo, esa persona, en esa misma conversación, no se identifica a pesar de que Camps se lo requiere.
Trillo señaló que él ha podido oír ese cruce de palabras, de modo que los periodistas le han preguntado si dicho diálogo está grabado, a lo que él respondió, simplemente, que pudo tener acceso a la conversación.
El PP aprecia, por tanto, un “delito continuado”, y en él, a su vez, “un indudable designio unitario, una voluntad constante, deliberada y parece que hasta programada que hacen pensar en un dolo unitario”, recalca el servicio jurídico de los populares en la denuncia.
A su entender, a tenor de las filtraciones, que documenta en la propia denuncia –cita y reseña seis informaciones de El País y una de la Cadena SER–, existe homogeneidad en el modo de proceder de quienes facilitan las filtraciones, pero el PP descarta achacar el presunto delito a los jueces y a los fiscales.
Aunque Trillo ha dejado claro que el Partido Popular “no sabe” quien está detrás de las revelaciones del contenido de un sumario bajo secreto, la denuncia apunta a “una unidad actuante de modo permanente en el tiempo y en los distintos espacios” en la práctica de las diligencias, la Policía Judicial y más en concreto la UDEF.
Trillo reveló que anteayer habló con el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que entonces le trasladó la fecha de presentación de la denuncia.
