En el marco del conflicto que enfrenta a los taxistas con los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) y las empresas de alquiler de coches con conductor como Cabify, un documento del Ministerio de Fomento refleja que a comienzos de diciembre, en la provincia de Sevilla estaban vigentes 2.199 licencias de auto taxi y 157 licencias de VTC.
El documento, recogido por Europa Press, recoge la "distribución de autorizaciones" para transporte de pasajeros, "por provincia y clase", con datos de fecha 1 de diciembre de este año. En dicho documento figura expresamente que en la provincia de Sevilla, se contabilizaban a comienzos de mes 2.199 licencias de auto taxi y 157 licencias de VTC. En ese sentido, cabe recordar que el recuento correspondiente a la fecha del pasado 1 de junio arrojaba respecto a la provincia de Sevilla un total de 2.321 licencias de taxi y 146 licencias de VTC.
En el caso de Sevilla, el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación de los vehículos de transporte concertado, por ejemplo, prohíbe que estos conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.
No obstante, fruto de las gestiones del sector del taxi con la Junta de Andalucía en demanda de un refuerzo de las labores de inspección, la Administración andaluza sopesaría entre otros aspectos la idea de generar un banco de datos sobre las licencias de VTC para mejorar las tareas de inspección sobre las mismas, a través de una página web.
En paralelo, la Unión Nacional de Autoturismos (Unauto), que agrupa al sector de los VTC, viene denunciando la "insostenible situación de violencia" que sufren los conductores que ejercen esta actividad en Sevilla para empresas de alquiler de coches con chófer como Cabify, a manos de taxistas.
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
En ese contexto, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla tiene incoadas unas diligencias por los presuntos ataques, coacciones y amenazas sufridos por los conductores de vehículos de transporte concertado. En la causa judicial, por cierto, figuran "en calidad de investigados" el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, y otros miembros del organigrama de dicha organización como Antonio Velarde o Francisco Ternero.
La causa judicial deriva de la investigación promovida por la Brigada de Información de la Policía Nacional, que llegó a sumar un total de 32 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de VTC, especialmente por situaciones conectadas con los servicios relacionados con el aeropuerto hispalense, donde se sitúa por cierto la sede de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi.
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