“Sólo pedimos que nos den una casa temporal o nos manden a un centro, pero que estemos juntos los siete, yo estoy mala de mis piernas y tampoco puedo estar sin mi marido”. A María José, una madre de familia con cinco hijos a su cargo, la menor de un año y la mayor de 11, le daría “la alegría más grande de la tierra” si su pareja y padre de sus hijos consiguiera un trabajo. David no tiene empleo estable desde 2010, aunque el pasado verano fue contratado durante tres meses por el programa para usuarios en riesgo de exclusión social. Asegura que solo pudo trabajar un mes por problemas de hipertensión y hepáticos. Venían de haber perdido su vivienda de la zona sur y desde el pasado mes de marzo viven en un piso de La Plata de alquiler. Pudieron empezar de cero gracias a la labor de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que, tal y como relatan, les facilitó el pago de los primeros tres meses.
Su situación no mejoró y no han pagado las mensualidades de 300 euros, por lo que la propietaria de la vivienda presentó una denuncia en el juzgado que ha fructificado en una orden de lanzamiento para el próximo 2 de abril que esperan poder aplazar. Le adeudan 1.200 euros, tienen la luz enganchada, y hace tres semanas recibieron el escrito. Ha sido el peor regalo de Reyes que podían imaginar, y no están dispuestos a que les vuelvan a separar como ya les ocurrió hace un año cuando a María José -que tiene una minusvalía reconocida del 55% por una enfermedad ósea- y a sus cinco hijos los derivaron a una casa de acogida enmarcada en el Recurso de Emergencia social que tiene el Ayuntamiento, y a David al albergue. No duraron más de una semana. “Mis niños han pasado mucho y no querían estar allí sin su padre, se ponían a llorar y yo necesito la ayuda de él también. No quiero que pasen por lo mismo”. Renunciaron a este recurso porque su madre los acogió en su casa varios meses.
Ahora no tienen nadie a quien acudir, y la alternativa que asegura que les llega desde los Servicios Sociales es la de volver a separarse. Este mes agotan la ayuda de 430 euros y se quejan de que en el Ayuntamiento “ya no nos echan cuenta” y subsisten a base de la parroquia. La versión que ofrecen desde el Consistorio difiere. La delegada de Acción Social, Carmen Collado, niega que los Servicios Sociales se hayan desentendido. Al contrario, deja claro que un equipo de tratamiento de su delegación al completo desde psicólogos a trabajadores sociales “está interviniendo para ayudarle en todo lo que podemos” dejando claro que “nunca van a dejar desamparados a esos niños”.
