El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, afirmó ayer en el Parlamento andaluz que la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de diciembre de 2017 deja claro que la competencia de la limpieza de los cauces de ríos y arroyos que discurren por las zonas urbanas corresponde a los ayuntamientos y que en ningún caso se puede hablar de “inactividad administrativa” por parte de la Junta.
En opinión del titular de Medio Ambiente, esta sentencia se pronuncia sobre los dos pilares en los que se sostiene el recurso contencioso administrativo formulado por el Ayuntamiento de Málaga sobre la supuesta inactividad de la Junta. El primero, hace referencia sobre a quién corresponde la competencia para la conservación y adecuación de los arroyos en el término municipal de Málaga; mientras que el segundo especifica si las normas que deciden esta competencia son de carácter autonómico o dependen del Derecho estatal. En este sentido, el consejero lamentó que el ayuntamiento malagueño haya intentado atribuir la competencia sobre la limpieza y adecuación de cauces urbanos a la Junta sin tener en cuenta la normativa.