Verdemar quiere recordar que los residuos de construcción y demolición (RCD) proceden, en su mayor parte, de derribos de edificios o de rechazos de los materiales de construcción de las obras de nueva planta y de pequeñas obras de reformas en viviendas o urbanizaciones. Con arreglo a la legislación española, las competencias sobre el control de su producción y gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, a excepción de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) procedentes de obras menores domiciliarias, cuya gestión (al menos la recogida, transporte y eliminación) corresponde a las Entidades locales.
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización.
El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva, no solo de su volumen de generación, sino del tratamiento que reciben, no suficientemente satisfactorio en la mayor parte de los casos, dado el escaso reciclado de los mismos. Entre los impactos ambientales que ello provoca, cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables. En la práctica, los residuos de construcción y demolición que son procesados para su reciclaje incluyen una variada serie de materiales, entre los que se encuentran productos cerámicos, residuos de hormigón, material asfáltico y, en menor medida, otros componentes como madera, vidrio, plásticos, etc. El Reglamento autonómico de residuos contempla este tipo particular de residuo en el Título V, Capítulo I, artículos 79 al 90.
Según el Instituto Superior de Medio Ambiente la producción de RCD en España asciende a algo más de una tonelada por habitante y año, de estos 45 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición, sólo el 25% de ellos se gestionan en plantas autorizadas. Esto significa que en torno al 75% de los RCD generados en nuestro país, son “gestionados” de forma incorrecta, generando graves impactos ambientales y paisajísticos, contaminación de suelos y acuíferos y además despilfarrando una materia prima necesaria y comprometiendo la existencia misma del sector del reciclado y valorización.
Verdemar añade que la situación en la que se encuentra la escombrera sirve de amortiguación entre la zona boscosa próxima y las viviendas colindantes, por lo que se hace hincapié en preservar esa zona del grave impacto que sufre. En ella viven especies muy interesantes de mamíferos (erizos, zorros...) y entre otra gran diversidad de reptiles y aves.
El impacto ambiental de los residuos de construcción y demolición deriva fundamentalmente de su elevado volumen de producción más que de su carácter contaminante; de hecho, la mayor parte se pueden considerar inertes o asimilables a inertes. Pero existe una pequeña fracción que puede tener alguna característica de peligrosidad, como es el caso de los elementos realizados a base de yeso, que pueden ser origen de emisiones tóxicas en el vertedero, los aditivos inflamables del hormigón o los envases que hayan contenido sustancias peligrosas como pinturas y disolventes. Es muy importante retirar estos elementos de la corriente de residuos y depositarlos en vertederos controlados, puesto que si se mezclan, dan origen a reacciones contaminantes difíciles de ser tratadas posteriormente. Hoy día, la carencia en España de un sistema adecuado de gestión de esta corriente de residuos hace que una parte significativa acabe aún en vertederos incontrolados, con los problemas que ello conlleva en términos de suelos y acuíferos potencialmente contaminados, impactos visuales y deterioros paisajísticos importantes esto nos lleva a poner especial énfasis en la eliminación y paralización del crecimiento de dicho vertido.
