La Audiencia de Granada ha declarado en rebeldía a uno de los presuntos narcos que supuestamente colaboró con el coronel de la Guardia Civil F.G.S. en la introducción en 2006 por la costa de Granada de toneladas de hachís procedente de Marruecos y ha ordenado que continúe la causa respecto a este mando del Instituto Armado y el resto de procesados.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia señala que, una vez interesada la busca y captura de este presunto narco español, David G.C., y pasado el plazo para que compareciera sin que tampoco haya sido localizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se le "declara en rebeldía".
Así, se suspende la tramitación de la causa para él hasta que sea localizado y se acuerda que "si hubiere otros acusados --como es el caso-- la causa continuará respecto de los mismos". El juicio se fijó para el 1 de octubre del pasado año, pero se suspendió por esta circunstancia, por lo que se prevé que ahora se produzca un nuevo señalamiento.
El citado coronel está considerado uno de los presuntos cabecillas de esta organización que introducía hachís procedente de Marruecos por las playas de la zona de Motril (Granada), recibiendo supuestamente dinero a cambio de impedir que los alijos fueran interceptados por la Guardia Civil para su posterior venta.
La Fiscalía solicita para él nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública, además una multa de 6,3 millones de euros.
Para los otros dos presuntos narcos que colaboraron con él la Fiscalía pide penas cinco años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por particulares, y contra la salud pública, aplicándoles la atenuante de confesión. Junto a ello interesa multas de seis millones para cada uno.
David G.C. supuestamente intervino en este periodo para conseguir en Marruecos el hachís que luego se transportaba a España y el otro, Rachid Z. era, el presunto intermediario o conseguidor en este país.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que está personada en el proceso como acusación particular, ha solicitado 18 años de prisión para el coronel por delitos contra la salud pública, de receptación y blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho, por los que solicita además 15 años de inhabilitación y el pago de multas que superan los diez millones de euros
La AUGC relata en su escrito de acusación la existencia de al menos tres desembarcos de droga con más de ocho toneladas de hachís valorados en más de diez millones de euros, buena parte de los cuales "nunca fueron recuperados procediéndose a su posterior distribución y venta en territorio nacional".
