La tensión en la fronteras de Venezuela persistió este lunes ante el cierre de las vías terrestres con Colombia y Brasil y por las denuncias de "ataque" contra los poblados venezolanos que lindan con estos países y que opositores aseguran son reprimidos por cuerpos de seguridad del Estado.
La gobernadora del estado venezolano de Táchira y fronterizo con Colombia, Laidy Gómez, ofreció una rueda de prensa para exigir la apertura de la frontera ante la "necesidad" que, dijo, tienen los habitantes de su región de cruzar al país vecino para comprar alimentos y medicinas.
"Abran la frontera que los pueblos fronterizos lo piden y lo exigen, y que quienes sabemos cómo es la precariedad de este estado fronterizo sabemos la necesidad de tener esa frontera abierta para poder conseguir la comida y los medicamentos", dijo.
La gobernadora hizo este llamado dado que en Venezuela escasean alimentos y medicinas desde hace cinco años y muchos de los habitantes de Táchira (oeste) cruzan a diario a la ciudad colombiana de Cúcuta para comprar productos, trabajar o estudiar.
La frontera entre Venezuela y Colombia fue cerrada el viernes en la noche, mientras que la de Brasil fue bloqueada el jueves, después de que el gobernante de Nicolás Maduro así lo ordenara, pues en estos países se almacena la ayuda humanitaria solicitada por la oposición y rechazada por el Gobierno.
Producto de este cierre el sábado y domingo se registraron en municipios fronterizos venezolanos protestas y enfrentamientos entre militares y manifestantes que exigían que se permitiera el ingreso de la ayuda humanitaria.
En los municipios fronterizos con Colombia, Ureña y San Antonio del Táchira, los disturbios llegaron al punto de que un autobús fue quemado y hoy la Fiscalía informó que imputará a ocho personas por este hecho.
Además, solo en estas zonas se contabilizaron 200 heridos, de los cuales 143 tenían lesiones por arma de fuego, según dijo la gobernadora del estado Táchira que consideró que esto fue producto de los "ataques" contra la población.
Sin embargo, en el poblado de Santa Elena de Uairén (estado Bolívar, sur), que limita con Brasil, no se conocen con exactitud la cantidad de heridos tras los enfrentamientos ocurridos el fin de semana entre militares y manifestantes indígenas que exigían también el ingreso de las donaciones.
La oposición ha dicho que tiene informes de entre 14 y 25 muertes, pero ha señalado que no son confirmadas.
Precisamente sobre lo que sucede en este poblado la ONG Foro Penal se pronunció hoy para afirmar que continúa el "ataque" contra los habitantes de esta zona que está compuesta principalmente por aborígenes de la etnia pemón.
El director de la ONG, Alfredo Romero, dijo en una rueda de prensa en Caracas que "la agresión contra el pueblo indígena ha sido muy importante y muy grave", y que los "capitanes" aborígenes han tenido que abandonar el poblado para ocultarse en zonas boscosas.
La oposición ha pedido a la comunidad internacional que reaccione ante lo ocurrido el fin de semana en Venezuela, un país sumido en un grave crisis económica, social y política, que se acentuó en enero pasado, cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunció que asumía funciones de presidente encargado del país.
Guaidó se juramentó porque considera a Maduro un "usurpador" de la Presidencia, al haber sido elegido en unos comicios tachados de fraudulentos.
Desde entonces el líder opositor ha incrementado la presión contra Maduro para que abandone el poder y hoy sostuvo un encuentro con el Grupo de Lima para abordar posibles soluciones a la situación venezolana.
Por otro lado, en medio del clima de tensión política en Venezuela, hoy el periodista Jorge Ramos acompañado de su equipo de Univisión asistió al Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas para entrevistar a Maduro sobre la crisis venezolana y fue retenido en el lugar durante cerca de cinco horas.
El Sindicato de Prensa de Venezuela dijo que los periodistas ya fueron liberados, aunque denunció que les fue robado "todo su equipo técnico".
