El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, ha venido manifestando en los últimos días que el Ejecutivo ya ha asumido el 80% de los planteamientos recogidos en ese dictamen y ha abogado por el consenso entre todos los partidos, con los que se reunió la pasada semana.
Su compromiso, una vez aprobado el dictamen, es que las futuras leyes de Régimen Local y de participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad sean aprobadas por el Consejo de Gobierno y remitidas a la Cámara antes de final de este año, de manera que empezarían a tramitarse a principios de 2010 con el fin de que estén aprobadas de manera definitiva en la Cámara en el primer semestre de ese ejercicio.
Durante el debate del dictamen ante el Pleno, el parlamentario del PSOE Fernando Martínez, que aludió a las "incoherencias y contradicciones" en que incurre el PP en esta materia por movimientos "partidarios", dijo que el dictamen no es "de ninguno de nosotros y al mismo tiempo es de todos nosotros porque nadie tiene el copyright".
Destacó que Andalucía será la primera comunidad de España que dará un salto cualitativo en relación con el papel de los ayuntamientos, por la impronta municipalista del Estatuto de Autonomía. Dijo que si hay alguien que trata de "confundir" a la opinión pública es el PP, cuyos planteamientos en materia de financiación sólo responden a cuestiones "coyunturales".
Las críticas de la oposición
Por su parte, la diputada del PP Carmen Crespo, cuyo grupo ya se abstuvo en la votación del dictamen en comisión, mostró su preocupación por que el Gobierno andaluz haya "retrasado" la aprobación de la Ley de Régimen Local al primer semestre de 2010, con lo que no habría reflejo presupuestario hasta el siguiente ejercicio. A su juicio, esto supondrá ahondar en la situación de "asfixia financiera" de los ayuntamientos, mientras criticó la negativa del Gobierno a que los consistorios participen en los ingresos de la comunidad, ya que se plantea la participación sobre los "tributos, que son el mínimo que nos mandata el Estatuto".
"Hay que dar una solución de verdad y no de trámite a 30 años de ayuntamientos en la comunidad", dijo Crespo, que pidió al Gobierno que reflexione en relación con la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad. Pidió que las nuevas leyes tengan efecto retroactivo en cuanto a la suficiencia financiera, de manera que tenga un reflejo en el Presupuesto de 2010. Dijo que con la abstención al dictamen, su partido no busca la confrontación, sino que está tendiendo la mano y tiene firmen voluntad de consenso.
El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, indicó que si este Parlamento aprueba un dictamen que orienta los contenidos en materia de régimen local y de participación de los ayuntamientos en los recursos de la comunidad, debe ser de "obligado cumplimiento" para el Ejecutivo aceptar esas orientaciones y ese mandato.
Para Valderas, los presupuestos de 2010 tienen que recoger ya temas en materia de financiación para los ayuntamientos porque si nos "estaríamos haciendo trampas en el solitario y en los objetivos". Quiso dejar clara la "disposición" de su partido a alcanzar un acuerdo político en este asunto.
Pizarro pide sacar las leyes de la confrontación política
Por la mañana, Pizarro explicó los objetivos de las leyes locales a los agentes sociales y económicos -CEA, CCOO y UGT- pedía a PP e IU que sacaran ambas leyes de la confrontación política y, aunque daba pocos datos de cómo quedará regulada la participación de los ayuntamientos en los tributos andaluces, consideró un principio "equitativo" aplicar el reparto en base a la población, aunque Pizarro consideró que sería "injusto" si solo se tiene en cuenta ese criterio.
La pretensión -según dijo- es, al igual que en el actual sistema de financiación autonómica, ponderar otros criterios que no detalló, al tiempo que dejó abierta a la negociación la posibilidad de aplicar la ley con carácter retroactivo.
Por su parte, el secretario general de la UGT-A, Manuel Pastrana, manifestó a los periodistas que su sindicato exigirá a los partidos consenso para aprobar unas leyes que "llevamos muchos tiempo demandando", mientras Francisco Carbonero, de CCOO-A, consideró necesario, a través de un comunicado, que la Junta clarifique las competencias municipales y la financiación adecuada para que los servicios sean de calidad.
