El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao ha considerado que la modificación del convenio con Adif que se va a llevar al Pleno extraordinario del próximo viernes se va a convertir en “una hipoteca para la ciudad” ya que el Ayuntamiento tendrá que sacar 17 millones de euros del presupuesto municipal para acometer la urbanización la avenida de Astilleros, el entorno de la plaza de Sevilla y el Parque de la Muralla.
Pérez Dorao ha criticado que el Ayuntamiento “no ha sido capaz de conseguir que Adif asumiera su obligación para dar comienzo a las obras de urbanización y ni siquiera ha conseguido que Adif venda su parcela para obtener los recursos necesarios para llevar a cabo la obra”.
El edil ha comentado que la operación realizada por el concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha sido “un verdadero fracaso” al plantear la permuta del terreno de Adif para instalar la nueva Comisaría de la Policía Nacional. Sin embargo, Pérez Dorao ha insistido en que “el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya ha anunciado que la Policía Nacional va a regresar a su edificio en Avenida de Andalucia cuando finalice su rehabilitación, por lo que se caen los planes del equipo de gobierno. Por ello, la nueva operación va a suponer una nueva carga para la ciudad porque ahora tendrá que buscar un comprador para la parcela.
Una vez que se ha constatado que las dependencias policiales van a regresar a su edificio de la avenida de Andalucía, Pérez Dorao ha criticado la "ocurrencia" de Martín Vila al llevar al Pleno municipal un nuevo cambio en el convenio con Adif para que la parcela donde se iba a ubicar la Comisaría pase a manos del Consistorio. "Lo único que se le ha ocurrido al concejal es intentar que Adif le ceda la parcela al Ayuntamiento para que sea este el que se deba de ocupar de venderla y asumir la carga de hacer la urbanización, que cuesta más de 17 millones de euros", ha destacado el edil no adscrito.
Pérez Dorao ha advertido de las consecuencias que pueden tener esta nueva modificación del acuerdo con la empresa estatal, ya que la incorporación de la parcela al Ayuntamiento supone "un agravante"debido a que "pasa a formar parte del patrimonio municipal de suelo". Esto supone, según el concejal no adscrito, que "el producto de la venta no se puede destinar a la urbanización, por lo que se tiene que sacar ese dinero de sus recursos propios del presupuesto municipal".
Ante este contratiempo, Pérez Dorao ha cuestionado sobre cuál es el plan del equipo de Gobierno para poder sacar adelante toda esta operación que ya se lleva alargando desde hace una década ya que “lo plantean para diluir entre todos la responsabilidad de haber sido incapaces de gestionar y en el último instante del mandato”.
