El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, dijo hoy a Efe que el gobierno de Nicolás Maduro "no invade embajadas", sino que se rige por el Derecho Internacional, la Convención de Viena y la Carta de las Naciones Unidas.
España afirmó el jueves que no tiene intención de entregar al opositor venezolano Leopoldo López tras la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Venezuela, y confía en que se respete la inviolabilidad de la residencia del embajador español en Caracas, donde se encuentra.
López, que cumplía en su domicilio una pena de casi 14 años de cárcel, está allí como "huésped" desde el martes, adonde llegó después de ser liberado por un "indulto presidencial" del líder opositor Juan Guadió, reconocido presidente interino por más de 50 países, entre ellos España.
"Lo estamos reclamando, y estamos haciendo ese planteamiento en el marco de la ley y esperamos que el Gobierno español actúe en consecuencia", indicó Isea.
Preguntado por si España no accede a entregarlo, respondió que la diplomacia venezolana es "de paz".
"Nosotros no somos amenaza para nadie (...) Nosotros no invadimos embajadas", subrayó el embajador.
Por el contrario, lo que en este momento procede es "la comunicación de Estado a Estado, Gobierno a Gobierno", precisó, y "esperar el desarrollo de los acontecimientos" sin precipitarse.
"Es un momento de reflexionar -planteó-. No puede dejarse meter en una trampa el Gobierno español; el Gobierno nuestro no se va a dejar ni quiere ninguna confrontación por causa de gente que no respete la Constitución ni el Derecho Internacional ni nada que se les perezca".
Además, valoró que el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, manifestara hoy que se "limitarán" las actividades políticas de López mientras permanezca en la residencia del embajador español.
Isea opinó que es un "precedente sumamente riesgoso" tener como "huésped" en la residencia diplomática a un "evadido de la justicia" y que éste aproveche para "llamar a una rebelión militar", un "golpe de Estado" desde "territorio español", en alusión a unas declaraciones de López en las instalaciones diplomáticas.
López cumplía desde 2014 una pena de 14 años de prisión, aunque desde mediados de 2017 se encontraba en arresto domiciliario en Caracas, condenado por la Justicia venezolana por alentar protestas callejeras en las que murieron varias personas.
Sin embargo, la sentencia ha sido cuestionada por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, e incluso el fiscal encargado de la acusación, Franklin Nieves, reveló tras huir de Venezuela las maniobras y "pruebas falsas" que preparó el Gobierno de Nicolás Maduro para condenar a Leopoldo López.
