Un tatuador que tenía su estudio de trabajo en San Sebastián se enfrenta a una petición de condena de 21 años y cuatro meses de prisión por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa que le imputa un total de catorce delitos de índole sexual cometidos contra doce mujeres, la mayoría de ellas clientas suyas.
Por su parte, la defensa, que ejerce la abogada Cristina Morcillo Buj, reclama la libre absolución de su patrocinado al entender que los hechos que se le imputan "no son ciertos, ni mucho menos adjudicables" a su representado.
En este caso, cuya vista oral tendrá lugar el próximo mes de septiembre en un Juzgado de lo Penal de la capital guipuzcoana, también se encuentran personadas como acusación particular dos de las víctimas.
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos, que se habrían producido entre febrero de 2013 y enero de 2018, serían constitutivos de tres delitos de agresión sexual, siete de abusos sexuales, tres de acoso y uno de coacciones.
El texto relata distintas situaciones de contenido sexual, la mayoría sucedidas en el estudio de tatuaje del procesado, aunque también en su domicilio e incluso en una escuela de tatuaje de la que era profesor.
Entre otras conductas, el escrito enumera supuestas frases obscenas dirigidas a estas mujeres, algunas de las cuales también habrían sido víctimas de tocamientos y besos en contra de su voluntad a pesar de que varias de ellas habrían comunicado al procesado que se encontraban incómodas con su actitud.
No obstante, en su escrito de defensa, la letrada Cristina Morcillo Buj, mantiene que los hechos que se imputan a su cliente "no son ciertos", al tiempo que denuncia que durante la instrucción del caso se vulneró su derecho a "un proceso con todas las garantías" ya que faltaron por practicarse "diligencias esenciales".
La defensa lamenta, en este sentido, que "se hayan dejado fuera" de la causa "importantes conversaciones" de una aplicación de mensajería que "podían haber dado una visión más clara de la relación del acusado con las presuntas víctimas", entre otros argumentos.
La investigación del caso comenzó "de oficio" después de que una mujer colgara en su perfil de Facebook que había sido acosada sexualmente por un tatuador en un establecimiento de San Sebastián.
Posteriormente, la unidad de investigación de la Guardia Municipal recabó información a través de la colaboración ciudadana y comenzaron a registrarse nuevas denuncias, por lo que el 5 de febrero del año pasado se procedió al arresto del tatuador, cuyo ingreso en prisión provisional fue decretado por el juez.
