Uno de los funcionarios acusados por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del conocido como "Mesón Gitano" de Almería ha negado este miércoles que tuviese ningún tipo de interés económico con Facto, la empresa adjudicataria de esta intervención.
Ha reconocido durante su declaración que a través de la empresa Mirlo Inversiones Levantinas, su mujer, ya fallecida, y su hija tenían diferentes porcentajes de acciones de Facto, aunque ha negado que interviniese en la venta de esta sociedad y ha dicho que se limitó a buscar a un abogado para hacer las "gestiones" porque su esposa estaba enferma en la cama.
Ha admitido que dicha sociedad no tenía ninguna actividad como tal, sino que la tenía su esposa para gestionar parte de su patrimonio. Al ser interpelado si no pensó en apartarse por estas relaciones familiares ha preguntado: "¿No puede ser uno objetivo?".
Este funcionario ha señalado que le propuso al concejal responsable de su área, y vicepresidente de la empresa municipal Almería Urban, contar con un "equipo multidisciplinar" de diferentes áreas al tratarse de una obra "sensible e importante" y ha añadido: "Nadie tuvo posibilidad de imputar una nota a cada licitador, fue todo por consenso (...) Estábamos de acuerdo en todo".
Asimismo, ha revelado que pasado más de un año de la adjudicación a Facto, contó las relaciones con esta empresa de su esposa e hija al otro funcionario acusado, ya que necesitaba desahogarse porque estaba en una "situación incómoda".
Además, ha aseverado que el informe técnico en el que participó no era "decisivo" y que la oferta de Salcoa -que obtuvo la misma puntuación que Facto-, "se fue al último lugar al no tener una oferta económica en condiciones".
A este respecto, ha manifestado que se hizo un informe porque los proyectos de Facto y Salcoa eran "idénticos, con igual literatura y planos" para que la mesa de contratación adoptarse las medidas oportunas, y que sólo cuando este órgano dijo que continuara el trámite se hizo un informe de valoración técnica "en régimen colegiado" por parte de cinco técnicos.
Sobre la valoración económica de la oferta, ha mantenido que responde a una fórmula matemática que se cambió tras un recurso de oficio porque un auditor de los fondos Feder con los que se iba a acometer el proyecto señaló que había que adaptarla, apuntando que dicho recurso fue suscrito por tres técnicos.
Antes de esta declaración, durante aproximadamente cuatro horas, se han expuesto diversas cuestiones previas tras lo que la magistrada que preside la vista en el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha rechazado la nulidad de las escuchas telefónicas, la nulidad de los escritos de acusación o la falta de competencia de dicho órgano judicial, ya que los letrados exponían que los acusados deberían ser juzgados en todo caso por la Audiencia Provincial.
La Fiscalía acusa a dos funcionarios y a un ingeniero de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, y a los empresarios únicamente de tráfico de influencias, si bien solicita para todos ellos el pago de sendas multas de 5,4 millones de euros.
La petición máxima solicitada le corresponde al jefe de servicio del Área de Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Almería- que ha declarado hoy-, quien se enfrenta a 17 años y 9 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, 4 años de prisión y al pago de una multa de 5,4 millones de euros y otra de 24 meses a razón de 12 euros al día.
