El Gobierno "no renuncia" a la posibilidad de investir al candidato Pedro Sánchez como presidente del Gobierno antes de final de año, si bien reconoce que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad del líder encarcelado de ERC, Oriol Junqueras, ha introducido "algún obstáculo en el camino".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, ha precisado que, bajo el punto de vista del PSOE, el fallo de Luxemburgo, que el independentismo ha celebrado como una "victoria", no tiene por qué dificultar el "resultado final" de las negociaciones con ERC, cuya abstención necesita Sánchez para lograr la investidura.
DESTACA QUE LA APUESTA DE JUNQUERAS POR MANTENER EL DIÁLOGO
Tampoco atisba Celaá obstáculos para que el PSOE y ERC acaben encontrándose en la vía de la política, habida cuenta de que el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, se ha pronunciado, en declaraciones a Catalunya Radio, en línea con los socialistas, esto es, a favor de mantener el diálogo. "Dejemos lo judicial en manos de los tribunales y sigamos por la vía política", ha instado Celaá.
La portavoz ha dejado claro que el Gobierno "trabaja en el ámbito político" por lo que "de ninguna de las maneras va a aceptar ningún condicionamiento de la política en la justicia", ni viceversa, ha señalado en respuesta a una pregunta sobre si para el Ejecutible sería asumible excarcelar a Junqueras para favorecer la investidura de Sánchez.
Celaá ha recordado además que el fallo de Luxemburgo no entra a valorar la sentencia que condenó a Junqueras, sino sólo la decisión de no permitirle acreditarse como eurodiputado mientras estaba en prisión provisional.
La ministra de Educación ha incidido en el mensaje de que "lo jurídico no se plantee como obstáculo político porque hay una oportunidad de tratar la cuestión catalana desde los cauces políticos" mientras se deja a los tribunales "en conversación con los tribunales".
Celaá se ha quejado de que ha sido "bastante la herencia" que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó a los socialistas por "haber tratado lo que era político" en el ámbito judicial y se ha referido como parte de esa herencia a la sentencia del 'procés'.
NO SE HA DADO INSTRUCCIONES A LA ABOGACÍA
Después del pronunciamiento de Junqueras, la secretaria general adjunta, Marta Vilalta, dejó en suspenso la negociación con el PSOE hasta conocer la posición de la Abogacía del Estado en las alegaciones que le ha pedido el Tribunal Supremo sobre la manera en que habría de aplicarse el fallo de Luxemburgo.
Celaá ha afirmado que el Gobierno no ha dado "ninguna instrucción" a la Abogacía a este respecto, sino que dejará que este organismo presente unas alegaciones "fundadas" que "aporten, ayuden, sirvan al Supremo a la hora de materializar la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE.
La Abogacía dispone de un plazo de cinco días hábiles para presentar sus alegaciones y fuentes del Ejecutivo descartan que ese escrito pueda presentarse este mismo viernes.
ACREDITACIÓN "PROVISIONAL" DE PUIGDEMONT
Por otro lado, la portavoz ha precisado que la acreditación como eurodiputados que han obtenido este viernes el expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Comín es "provisional".
Celaá ha explicado que el presidente de la Eurocámara ha encargado un informe a sus servicios jurídicos para que aclaren el alcance de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE sobre Junqueras a la situación particular de Puigdemont y Comín.
Eso sí, ha advertido de que Puigdemont --también Comín-- "tiene cuentas pendientes" con la justicia española que "tendrá que sustanciar".
La portavoz también ha censurado la actitud del PP de negarse a favorecer la investidura de Sánchez con su abstención, como hizo el PSOE en 2016. "Es una vía inexistente hasta la fecha aun siendo deseable", ha señalado.
