Santa Bárbara se defiende: "No hemos incumplido el contrato"

La empresa Santa Bárbara Sistemas niega, en contra de lo asegurado este jueves por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que haya incumplido un contrato para la fabricación de 348 vehículos de combate 8X8.

Robles ha anunciado en esta jornada que el Gobierno sacará a licitación pública el contrato de 2.100 millones de euros para la fabricación de esos vehículos tras haber rechazado la oferta de la empresa adjudicataria, Santa Bárbara, por incumplir los requisitos técnicos y económicos.

La titular de Defensa, en declaraciones a los periodistas, ha lamentado "profundamente que una empresa como Santa Bárbara, a última hora, haya dado marcha atrás y no haya cumplido el contrato".

Ante esas palabras, la empresa ha negado que haya habido un incumplimiento por su parte porque no existía un contrato, sino tan sólo una petición de oferta.

"No se puede afirmar, por tanto, que Santa Bárbara Sistemas se haya echado atrás", han manifestado a Efe fuentes de la empresa, que han insistido en que presentaron una oferta que respondía a las peticiones técnicas recogidas en el pliego de condiciones así como a los requisitos económicos, y que ha sido rechazada.

Una decisión que entienden que se ha adoptado por un problema de presupuesto insuficiente para cubrir el alcance y las soluciones definidas en los pliegos de contratación.

Explica Santa Bárbara que el pasado mes de octubre y a petición del Ministerio de Defensa presentó su oferta para la fabricación de la serie del VCR 8X8 de acuerdo con las condiciones requeridas.

Una oferta que recalca que estaba avalada por su extensa experiencia en el diseño y fabricación de vehículos blindados de ruedas y cadenas.

Las fuentes citadas aseguran que Santa Bárbara Sistemas seguirá buscando alternativas para lograr el contrato y está preparada para garantizar la oferta más competitiva posible en cualquier licitación.

Además, añaden que las autoridades españolas tienen distintas opciones y no es imprescindible que sea una licitación pública porque eso alargaría los plazos de ejecución.