El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro (Granada) se encuentra explorando todas las vías jurídicas para poder resolver la expropiación de los terrenos sobre los que se asienta el castillo, que se encuentra en estado ruinoso y dentro de una propiedad de una constructora en quiebra, para así frenar su deterioro y afrontar su rehabilitación.
Según ha explicado a Europa Press la alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, el Consistorio se encuentra trabajando, además de con la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Granada, con un bufete de abogados a través de la Diputación Provincial para "intentar buscar una solución al problema de la titularidad".
"Estamos valorando si estos abogados nos ofrecen una solución legal para que se ejecute ese embargo por parte de Hacienda y Patrimonio del Estado, y una vez que sea del Gobierno o bien ellos mismos darnos la posibilidad a nosotros de actuar o que ellos intervengan", ha comentado Antequera.
La regidora ha recordado que también se ha trabajado con los técnicos de la Junta de Andalucía el cerramiento de los accesos al recinto del castillo como medida para frenar el deterioro, pero, según la regidora, "estos van muy despacio".
"Vinieron los técnicos de la delegación de Cultura y estuvieron viéndolo, nos dijeron que la zona del recinto cerrado tenía que ser más grande, y desde el Área de Urbanismo ampliamos el radio. Se le envió al propietario una citación para poder hablar con él, pero este no recoge las notificaciones. Y así hasta ahora", ha argumentado.
Antequera también ha asegurado que desde el Ayuntamiento han intentado solicitar la subvención del 1,5 por ciento Cultural al Estado, ya que el entorno de este enclave está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), pero al no disponer de la titularidad no les es posible presentar una actuación, ya que para ello el suelo de esta fortaleza tiene que ser de propiedad pública.
"No hemos podido avanzar nada en el tema de la propiedad. Es una situación surrealista, porque no es que el Ayuntamiento no quiera abordar los trabajos de rehabilitación, es que no puede. Aquí todos teníamos asumido que eso era público, y nadie se planteó jamás de quien era la titularidad. Nadie entendía que el terreno sobre el que estaba el castillo no era público", ha comentado.
Según ha explicado la alcaldesa, el problema reside en la empresa constructora, titular de los terrenos pero que se encuentra en quiebra. Esta empresa comenzó la construcción de viviendas en el cerro del castillo, pero se produjo una paralización judicial para estudiar si estas eran legales. Tras ello, hubo una sentencia favorable a la empresa, pero esta ya se encontraba en bancarrota y no podía continuar los trabajos.
"Ellos denunciaron a la Junta de Andalucía por el procedimiento que paralizó la construcción, y estamos esperando que haya una resolución, y ver si económicamente pueden o terminar la obra o venderla, y que así la propiedad del castillo sea cedida a nuestra titularidad", ha argumentado.
A través de este cauce, según Antequera, se solucionaría el impacto visual de la obra, que se encuentra a medias y en la que habitan okupas de forma irregular, y así el Ayuntamiento podría actuar en la conservación de la fortaleza.
"En el presupuesto municipal siempre incluimos y dejamos reservada una partida para el castillo, porque tenemos la espina de que nos gustaría de verdad que se rehabilitara, y ver si se encontrara la forma de poder actuar", ha asegurado la alcaldesa del municipio.
Antequera también ha comentado que alumnos del grado de Arquitectura de la Universidad de Granada (UGR) se encuentran trabajando en el castillo y en el entorno elaborando sus trabajos de fin de carrera, y que estos realizaran "unas jornadas en mayo para exponernos sus conclusiones y como se debe actuar en el entorno, algo que valoramos muy positivamente".
Según ha comentado la regidora, el Ayuntamiento conoció que la titularidad de los suelos donde se levanta la fortaleza, cuyos orígenes se remontarían a los siglos XII-XIII, son privados coincidiendo con la solicitud de una subvención al Gobierno de España.
"El problema llegó cuando se pidió en su momento una subvención aprovechando que habían comenzado las obras de construcción del tramo de la A-7 que transcurre por la localidad. Cuando el Ayuntamiento trató de acreditar la titularidad del suelo del castillo fue cuando saltó la sorpresa. Y desde entonces la odisea", ha comentado.
En el año 2005 se realizó una actuación arqueológica por parte de Diputación, antes de que nadie cuestionase la titularidad del terreno, donde se hallaron restos y se descubrieron zonas nuevas del castillo sepultadas bajo tierra, aunque según Antequera "quedó sin terminar ya que no se retiraron los materiales de trabajo".
"Desde entonces no se ha podido hacer más. Al final va pasando el tiempo y es una cosa que no acaba de resolverse. Tenemos todas las vías abiertas a la espera de encontrar la que resuelva de una vez por todas la situación", ha concluido.
El castillo, sobre el que un informe de la UGR señaló que está en peligro de derrumbe, fue objeto, ya en mayo de 2003, de un proyecto de consolidación que no se llegó a ejecutar, explicó el pasado mes de agosto el delegado de Fomento y Cultura de la Junta en Granada, Antonio Granados.
En declaraciones a los periodistas, Granados agregó entonces que la Administración autonómica ya se puso en contacto con el propietario en el año 2016 para informarle del "deber de conservación" que tiene con respecto de este BIC.
El delegado hizo alusión al proceso de administración concursal en que se encuentra la empresa propietaria, y comentó que, en cualquier caso, existe la "responsabilidad" que reserva la ley para el propietario de un terreno en que haya ubicado un BIC, con "sanciones elevadas" si existe incumplimiento.
La propiedad en que está el castillo está embargada por una deuda de alrededor de 500.000 euros de la que el Ayuntamiento no se puede hacer cargo al ser privada.
Tras el informe de la UGR, concluido en mayo en el marco de un convenio con el Ayuntamiento sobre el castillo de Castell de Ferro, se puso en marcha una orden de actuación, que está pendiente del visto bueno de la Junta para cerrar el recinto fortificado, que es Bien de Interés Cultural.
