La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), conocida por sus movilizaciones contra los desahucios, ha lanzado este martes su primera "campaña de presión" al Gobierno de coalición que comparten el PSOE y Unidas Podemos para forzarle a tomar medidas ante la situación de "emergencia habitacional" que vive España, con el objetivo de que garantice el derecho a la vivienda y se ponga fin a los desahucios.
Esta plataforma, que en sus orígenes tuvo como portavoces y activistas a Ada Colau y Rafael Mayoral y de la que también formó parte la hoy ministra Irene Montero, señala al nuevo Ejecutivo como responsable de los 8.316 desahucios que han tenido lugar durante los 42 días que han pasado desde la toma de posesión del nuevo Gabinete, al que acusan de no haber adoptado aún ni una sola medida en esta materia.
Dentro su campaña 'Vivienda por derecho', la PAH ha puesto en marcha en su web lo que ha bautizado como 'contador de la vergüenza', que se actualizará cada día para recordar al Gobierno la necesidad de que se ponga en marcha porque desde 2008 se han contabilizado 1.002.000 desahucios en toda el país.
SI ES TAN PROGRESISTA, QUE ACTÚE YA
"Si este Gobierno es tan progresista como nos han vendido, tiene que dar un paso adelante y acabar con estas leyes injustas que sólo benefician a los bancos y los fondos de inversión", ha proclamado Juanjo Ramón, uno de los portavoces de la plataforma, que ya trasladó sus demandas el pasado viernes al vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Una de las peticiones inmediatas que la PAH hace al Gobierno es la ampliación de la moratoria de los lanzamientos hipotecarios que finaliza el próximo 15 de mayo. Aunque los activistas consideran que se trata de "un parche" aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, asumen que, mientras no haya una nueva normativa que garantice el derecho a la vivienda, habrá que ampliarla tanto temporal como casuísticamente.
Así, reclaman que la moratoria no rija sólo para los lanzamientos hipotecarios que afectan a personas con vulnerabilidad social, sino que se amplíe para casos de impago de alquiler o de ocupación por parte de familias que estén en esa situación.
TRES CONDENAS DE LA ONU
Según ha detallado la portavoz de la plataforma Alejandra Jacinto, la moratoria debería ampliarse hasta que consolide un verdadero parque de vivienda social, para lo que reclaman que se utilicen las viviendas vacías que tienen en su poder los fondos de inversión o la Sareb (sociedad de gestión de activo procedentes de la reestructuración bancaria).
Además, ha recordado que el próximo 30 de abril vence el plazo para que el Gobierno responda a la exigencia de plantear medidas en materia de emergencia habitacional que le hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en octubre de 2019. Este comité ha dictado ya tres resoluciones condenatorias contra España por permitir desahucios de familias con niños y adolescentes, tal y como ha recordado Marga Rivas.
De su lado, Juanjo Ramón, ha recordado que la ley de vivienda de la PAH llegó a ser tomada en consideración por el Pleno del Congreso en septiembre de 2018, pero su tramitación no avanzó. Y ahora que gobiernan el PSOE y Unidas Podemos cree que "ha llegado el momento" de recordarles que "deben dar un paso al frente real para pasar de las palabras a los hechos, gobernando por las familias y el Derecho a la Vivienda" entre otras cosas cumpliendo su compromiso de exportar a toda España la ley vigente en Cataluña.
