Sin papeles, no hay trabajo y sin trabajo, no hay papeles. El círculo vicioso en el acaba gran parte de los inmigrantes irregulares es especialmente complicado de romper en el caso de las mujeres, que sufren una especial vulnerabilidad. A la dificultad de acceso al mercado laboral se le suma una situación personal mucho más dura. “Muchas de ellas dejan a sus hijos en sus países de origen”, relata Ana Rizo, la responsable del Área Social de Inmigración de la Fundación Tierra de Todos. Y asumen, además, una deuda económica que les sitúa en una delicada situación, tanto en lo material como en lo personal. “Es duro”, agrega.
Lo común es que lleguen a España con visado de turista y, una vez que caduca, se queden sin autorización de residencia ni de trabajo. A partir de ahí, no regularizarán su estado antes de los tres años y siempre que cuenten con uno con contrato. Las exigentes condiciones para incorporar a plantilla a un inmigrante irregular os deja en el limbo. Con papeles en regla o no, la precariedad es común entre las mujeres inmigrantes, abocadas en muchos casos al servicio doméstico o a la atención de enfermos y personas mayores.
Sin embargo, al respecto, Rizo remarca que “hace 15 años había una gran demanda para cuidados, pero con la crisis todo eso se acabó”. Familiares en paro comenzaron a realizar estas tareas. Sin expectativas de empleo y sin poder contar con ayudas del Estado, la marginalidad es un riesgo cierto que, junto a la trata de personas, puede acabar en la prostitución. Para facilitar la integración por medio del trabajo, Tierra de Todos ha desarrollado hasta ahora programas específicos de promoción sociolaboral para mujeres junto con la Asociación Cardjin.
Pero tanto el del año pasado como el previsto para este se ha visto afectado por el cambio de criterio del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) que ha dejado a una treintena de colectivos de la provincia sin subvenciones otorgadas en un primer momento por valor de 355.000 euros. En el caso de Tierra de Todos y Cardjin solo se trata de 9.000, cuestiona, en cualquier caso, el mantenimiento de un servicio que permite el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas y conseguir una experiencia real en prácticas que facilite la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral.
