La Asociación Española de Abogados Cristianos ha denunciado ante el Juzgado de Guardia el desalojo de una veintena de personas de la Catedral de Granada que se produjo el pasado Viernes Santo con motivo del estado de alarma, al entender que se ha incurrido en un delito de interrupción de culto.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se presentó este pasado lunes ante el Juzgado de Guardia de Granada y en ella se argumenta que el desalojo "no tiene sentido" dado que en esta catedral caben unas 900 personas y la veintena de feligreses que se encontraban dentro durante la misma pudieron guardar la distancia de seguridad requerida por las autoridades sanitarias.
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril, cuando la Policía Nacional pidió a la de personas que participaban en los oficios del Viernes Santo que desalojaran el templo.
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, interrumpió la misa para explicar que si no se desalojaba se sancionaría a los presentes, por lo que todos los feligreses salieron de uno en uno antes de que acabara la liturgia y tras recibir la comunión.
Desde el Arzobispado aseguran que estaban celebrando la misa con fieles desde "el convencimiento de que es una práctica permitida, siempre que se mantengan las distancias recomendadas por las autoridades sanitarias, que en este caso se cumplían, y con una limitación de aforo, con una veintena de personas en un espacio con capacidad para unas 900", según se expone en la denuncia.
El colectivo de abogados cristianos argumenta que se ha impedido el culto en una iglesia católica, "incumpliendo" lo expuesto en el real decreto por el que se declara el estado de alarma, donde se garantiza el culto religioso y se condiciona la asistencia a los templos a la adopción de medidas organizativas para evitar aglomeraciones y que los asistentes puedan respetar la distancia de al menos un metro entre ellos.
La asociación recalca que las iglesias no se encuentran entre la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida por el real decreto, por lo que pide al Juzgado que se abran diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Esta denuncia se suma a las que la Asociación Española de Abogados Cristianos ha realizado en los últimas días contra los delegados de Gobierno en Andalucía, Castilla y León y Murcia por las interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido también lugar en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia durante el estado de alarma.
