Cádiz encara la nueva normalidad con 165 muertos, dos brotes de coronavirus en solo 48 horas, en Algeciras y San Fernando, y la amenaza de la mayor recesión en su historia reciente, con una caída de la economía de entre el 8,9 y un 12,3%, según las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía, el servicio de estudios de Unicaja, a causa de la pandemia. El subdelegado del Gobierno confía que hoy la provincia deje atrás los que probablemente sean los tiempos más duros que “nos haya tocado vivir a muchos de nosotros”.
El miedo, que ha marcado esos tiempos duros, una primavera plomiza que nunca olvidaremos, se disparó, como la cifra de contagios, de golpe a partir del decreto del estado de alarma. El primer caso diagnosticado oficialmente en la provincia, un militar de la Base de Rota, se registró una semana antes. Pero no fue hasta el día 15 cuando cundió la histeria de manera generalizada, con 29 infectados en el casillero de las estadísticas que las administraciones han actualizado desde entonces de manera incomprensiblemente contradictoria.
Los municipios del litoral izaron la bandera roja para evitar la presencia de los llegados en el masivo éxodo madrileño y sevillano en la víspera del inicio del confinamiento, que entró en vigor 24 horas después de su anuncio facilitando el viaje de cientos de personas directamente desde importantes focos de contagio, y la práctica totalidad de las localidades de la provincia anunciaron la suspensión de las procesiones de Semana Santa. El curso escolar se interrumpió y los ciudadanos se apelotonaban a las puertas de los supermercados para hacer acopio de alimentos y suministros básicos.
El debate sobre si el estado de alarma era excesivo no prosperó y se diluyó. La Subdelegación del Gobierno no puede facilitar el número de denuncias por el incumplimiento de la normativa, pero proliferaron los policías de balcón. La ciudadanía, no obstante, cumplió ante la gravedad de los hechos.
La primera víctima mortal se produjo el día 20 y, a partir de ahí, se desencadenó el caos. Solo entre el 27 de marzo y el 3 de abril, la cifra de positivos se duplicó, hasta alcanzar los 754, y municipios como Zahara de la Sierra, El Gastor, Setenil y Olvera, en la Sierra; Barbate, Vejer y Alcalá de los Gazules, en la Janda; o El Puerto, en la Bahía, blindaron los accesos a los núcleos urbanos con la oposición del Gobierno central. Sin embargo, como indicaba el alcalde vejeriego, Manuel Flor, “no vamos a permitir que la imprudencia de algunos afecte al buen comportamiento que, en líneas generales, existe entre nuestros vecinos”.
El frente sanitario se desbordó. No solo por el temor al colapso de las unidades de cuidados intensivos, que planeó durante varias semanas sobre los hospitales provinciales, sino, sobre todo, porque los profesionales tuvieron que enfrentarse a la epidemia sin poder contar con los equipamientos de protección individual adecuados. Los despropósitos se fueron acumulando hasta el punto de que UGT y CSIF valoraron tomar medidas judiciales por las irresponsabilidades de las autoridades públicas.
En primer lugar, la decisión del Gobierno de centralizar la compra retrasó una semana la llegada de material. Una vez autorizadas las diferentes administraciones, y ante la falta de oferta en los circuitos habituales, surgieron “carroñeros sanitarios”, empresas ajenas al sector que pedían cobrar por adelantado, inflaban precios y, además, incumplían los plazos de entrega.
La Diputación Provincial adquirió mascarillas a una asesoría fiscal, Value&Bro S. L, radicada en Málaga, que también selló un contrato con el Ejecutivo por valor de 4,2 millones de euros, pero no suministró la mercancía en el tiempo que se había comprometido inicialmente.
Por último, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se vio obligado a retirar hasta tres lotes diferentes de mascarillas, uno facilitado por el Gobierno central, y otros dos adquiridos por el organismo autonómico. “Los profesionales ya no se fían de lo que puedan proporcionarle”, lamentaba un enfermero; “la falta de seguridad es permanente e insoportable”, relataba otro. O bien adquirían personalmente pantallas, guantes y batas o los recibían donados de organizaciones sin ánimo de lucro y empresas. La solidaridad ha sido clave pero no pudo evitar que el personal sanitario denunciara, igualmente, la fiabilidad de los test a los que sometían a mediados de abril, reduciéndola a un 30% de efectividad. “Un falso negativo relaja las medidas de prevención para evitar contagios”, señalaba una responsable de UGT, al tiempo que advertía que el número de profesionales afectados superaba en la provincial al resto de ciudadanos infectados.
Paralelamente, las residencias de mayores atravesaban su propio infierno. Si bien es cierto que la situación no ha sido dantesca como en otras provincias, el 45% de los fallecidos en Cádiz estaba ingresado en alguno de estos centros.
En las instalaciones municipales de Alcalá del Valle se registró un brote epidémico que obligó al Ejército a escoltar a los ancianos hasta La Línea, donde fueron atendidos. La Junta también tomó las riendas de los centros de la Cruz Roja, en San Fernando; Nuestra Señora de Los Remedios, en Ubrique; y La Marquesa, en Jerez. Entre los tres, se cuentan al menos una treintena de víctimas mortales por coronavirus y ahora la Fiscalía ha aceptado dos denuncias para dirimir responsabilidades si las hubiera.
La crisis sanitaria ha provocado de manera inmediata una crisis laboral salvada, por el momento, gracias a las medidas de protección de empleo adoptadas por el Gobierno. Los afectados por un ERTE, autónomos que han declarado el cese de actividad y los alistados en el SAE en Cádiz sumaban a principios de mayo las 272.000 personas, de manera que la mitad de los activos de la provincia estaba en situación económica de paro. En mayo, casi 15.000 empleados se reincorporaron a sus puestos de trabajo e incluso se anotó una leve bajada de paro.
Pero la factura en prestaciones por desempleo, en las que se han incluido los afectados por ERTE, se ha disparado. Solo en Cádiz, ha pasado de los 61 millones de euros en febrero a los 152 millones de euros en abril. Y en términos interanuales se observa una caída del número de cotizantes del 7,3%. La evolución de la pandemia es clave para la recuperación, aunque la fuerte dependencia del turismo hace temer que los efectos sean devastadores para la provincia.
Los ayuntamientos reclaman fondos porque la demanda de las familias a Cáritas se ha duplicado en este tiempo. Demandan el uso íntegro de los remanentes de tesorería para gastos generales generados por cada entidad local porque han hecho el mayor esfuerzo asistencial de la historia ante la emergencia social. El Gobierno se resiste y el debate político está abierto.
Todas las previsiones son preocupantes. La desescalada, en el último tramo del estado de alarma, ha servido para comprobar que la actividad económica no recuperará el pulso de manera inmediata y que el riesgo a retroceder es cierto. De ello depende que, además del tejido productivo perdido, Cádiz sufra o no una recesión que, en cualquier caso, elevará la tasa de paro en Andalucía como poco al 27,3%. Esta semana ha comenzado la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, una herramienta puesta por el Gobierno como medida protectora de los derechos básicos de unos 38.500 hogares gaditanos que carecen de ingresos y que sufrirán especialmente las consecuencias de la pandemia.
