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Tramitadas 68 ayudas para alquiler de vivienda en Algeciras

El Ayuntamiento destina 258.000 euros a este fin, dentro del presupuesto que contempla la Junta para la provincia de Cádiz

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  • Ayuntamiento de Algeciras. -

La teniente de alcalde delegada de Vivienda, Paula Conesa, ha informado de  que la delegación que gestiona ha tramitado favorablemente 68 solicitudes de ayuda para alquiler de vivienda.

En este sentido, han sido beneficiarias las personas que mediante informe social emitido por la delegación de Vivienda, se encuentran en alguna de estas circunstancias específicas: ser víctima de violencia de género, haber sido objeto de desahucio judicial de su vivienda habitual y lanzamiento de la misma, y otras circunstancias de vulnerabilidad que impidan hacer frente al pago del alquiler de la vivienda habitual.

La tramitación de las solicitudes se han efectuado desde el viernes 9 de octubre y hasta el lunes 30 de noviembre siguiendo el orden correlativo de entrada en el registro telemático único de la administración de la Junta de Andalucía.

Estas solicitudes tienen un periodo subvencionable de 12 meses completos y consecutivos desde enero a diciembre de 2020 con una cuantía del 100% del importe de las rentas de alquiler. Las solicitudes se han adjudicado hasta agotar el presupuesto disponible para este ejercicio para la provincia de Cádiz.

Destacar que esta línea de convocatoria, permite la compatibilidad con cualquier otra ayuda de alquiler que viniera percibiendo la persona arrendataria siempre y cuando el total de las ayudas no supere 100 euros del importe del alquiler del mismo periodo. El abono de las ayudas se realiza de forma anticipada en un único pago y sujeta a justificación. En Algeciras se ha gestionado un total de 258.220,29 euros, siendo el crédito total previsto para la provincia de Cádiz de 1.156.057,93 euros.

Por último, Conesa ha señalado que “esta convocatoria ha sido por concurrencia no competitiva y las personas solicitantes tenían que disponer de la correspondiente firma electrónica. Al tratarse de personas vulnerables, con pocos recursos y teniendo en cuenta la brecha digital existente, todas las solicitudes han sido tramitadas por el personal funcionario actuando como representante legal de las personas solicitantes”.

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