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Aguadulce explota por la falta de electricidad desde hace seis meses y medio

Los vecinos se moviliza por las trabas del Ayuntamiento para dar licencia para las obras que reclama Endesa, que cobra los recibos sin ofrecer suministro

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Cartel con la convocatoria de las concentraciones previstas este viernes y el domingo.

Pancartas de los vecinos de Aguadulce que denunciaban en febrero cumplir cuatro meses sin luz y pagando recibos; ya suman más de medio año.

Aguadulce zumba cada noche y desde hace seis meses y medio con los grupos electrógenos que han tenido que comprar los vecinos para disponer de electricidad durante algunas horas. El asentamiento formado por unas 400 viviendas en Rota se quedó sin suministro el pasado 5 noviembre, cuando Endesa cortó el servicio por el deterioro de las instalaciones, con más de cuatro décadas, y la multitud de enganches ilegales.

Manuel Verano, de 77 años, residente en la urbanización desde hace un lustro, está empadronado con su mujer, paga todos sus impuestos municipales y tiene contador, pero sufre, como otros 133 vecinos en sus mismas circunstancias, la falta de energía sin que parezca que haya solución en un horizonte cercano. Su caso es especialmente delicado porque padece apnea del sueño y necesita dormir con un respirador. “No tengo otra vivienda, ¿qué quieren hacer con nosotros?”, se pregunta.

La respuesta no es sencilla. Hay al menos tres, de acuerdo a los actores implicados. En el caso de la compañía eléctrica, esta reclama un certificado de seguridad de las líneas y, para ello, la restauración de la media y baja tensión existente. Para la cesión de las instalaciones, responsabilidad de los vecinos en la actualidad, solicita una caseta FPU con un transformador de 400 Kv para garantizar suministro a los 134 propietarios. Y el dinero de las facturas que sigue pasando a cada uno de los clientes.

El Ayuntamiento, por su parte, rebaja las exigencias de Endesa  amparándose en la legalidad vigente, dado que las edificaciones “se encuentran en una situación urbanística irregular”, y rechaza cualquier planteamiento que contemple un centro de transformación con mayor potencia para atender no solo la demanda de las viviendas que contaban con suministro consolidado por contador, sino también el de los inmuebles con enganches ilegales. De manera que advierte de que solo otorgará la licencia para la instalación de una caseta bajo poste y un transformador de 250 Kv y que las líneas sigan estando a cargo de la asociación de vecinos.

Esta lo único que desea es poner fin a la pesadilla y niega que “queramos o podamos dar de alta a ningún nuevo vecino porque es cosa de la distribuidora quien concede los contadores”, al tiempo que Pablo López y Miriam Muñoz, en nombre de la entidad, se muestran impotentes ante la petición de Urbanismo para que “certifiquemos que no se compartirá el suministro con otra vivienda y también que no habrá enganches. ¿Cómo podemos un grupo de vecinos certificar que no los habrá”. Ambos son los responsables de la redacción de tres proyectos desde febrero para tratar de desbloquear el conflicto; el último de los tres cumpliendo estrictamente las indicaciones municipales.

Sin embargo, 21 días después de solicitar la licencia, el Ayuntamiento se la ha denegado. Además de lo referido a los enganches, “nos vuelven a pedir la misma documentación ya ofrecida y las escrituras de cada parcela, cosa que no entendemos pues el proyecto es de reparación de la instalación propiedad de la asociación, no de los suministros que ya existen”, explica la pareja en conversación telefónica, quien denuncia “indefensión total pese a cumplir todos los requisitos, salvo los que atentan contra la seguridad”, en referencia a la sección de un cable que, de seguir las indicaciones de Urbanismo, podría provocar incendios.

Lo que persigue el Ayuntamiento no es solventar este problema, sino que “urbanicemos y eso se escapa de las manos de nuestra asociación”, tercia el presidente de la entidad, Fernando Pantoja, quien anima a los afectados a concentrarse frente al Ayuntamiento el viernes 28 y en la rotonda de Costa Ballena el domingo. “Hay vecinos con más recursos y vecinos con menos, toda la responsabilidad está recayendo en la asociación, quien debe urbanizar es el Ayuntamiento”, subraya. Entre tanto, reclama que se recupere el suministro. “Tenemos nuestros derechos”, exclama.

“Cada vez somos menos”, lamenta Paco, que ha regentado junto a su esposa durante 36 Alimentación Mari Tere, ahora cerrado. “Gastamos 1.500 euros en gasolina cuando nos cortaron la luz para mantener los alimentos frescos y ni con esas lo conseguimos”, relata. Desde diciembre, cuenta con electricidad gracias a unas placas solares que, sin embargo, no generan suficiente energía como para tener más de dos o tres electrodomésticos a funcionando a la vez. “Y Endesa sigue cobrando, si reclamas tienes las de perder”, agrega.

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