—Vamos a empezar con un poco de actualidad, con el último informe que han presentado, el de pluralismo político, ¿qué destaca de él?
—Es un informe trimestral y en su continuidad está el acierto, porque el pluralismo es continuo. La intención es sacar unas conclusiones definitivas cuando acabemos el año. De lo que hasta ahora hemos podido ver es que hay una presencia plural, aunque con matizaciones, porque en los operadores locales el común denominador es que hay una sobredimensión de los roles institucionales, de alcaldes o alcaldesas. También nos ha llamado la atención que la información de carácter político en los informativos no es la prioritaria, sino que está por delante la situación económica, sociedad o cultura. De todas formas, es sólo una metodología cuantitativa, que tendremos que completar con criterios de tipo cualitativo que valoran la neutralidad y relevancia de la noticia. Por eso trasladé a los grupos políticos la necesidad y la oportunidad de encontrar unos criterios a partir de lo que se hace en otros países y nos gustaría contar con los propios operadores para poder incluso hablar de corregulación. Pero eso hay que hacerlo a partir de un acuerdo básico.
—¿Ha habido respuesta?
—He mantenido reuniones con el PSOE, IU y con PA. Lamentablemente no la he podido mantener con el grupo popular a pesar de que en varias ocasiones me he dirigido a Javier Arenas, pero no he recibido contestación formal, oficial.
—¿Y por qué no lo ha hecho?
—No lo sé. No ha habido contestación, desconozco los motivos. Informalmente sí he tenido algún encuentro y con la mayor disponibilidad y amabilidad. Pero no institucionalmente.
—Veo que la politización sigue presente con el Consejo Audiovisual.
—Bueno, no solamente en Andalucía, con independencia de la selección y la composición, son órganos en los que un grado de politización no creo que sea negativo. No siempre la política es peyorativa. Hay decisiones que pueden y tienen consecuencias políticas y debemos ser conscientes. En un órgano colegiado de once miembros, indudablemente, hay sensibilidades diferenciadas.
—Sensibilidades que pueden llegar a torpedear el trabajo interno...
—Hay unos límites primero en las normas y segundo, en el respeto. Y, por propio sentido democrático, todos los órganos colegiados, cuando no se logra ese punto de encuentro unánime, hay que utilizar el criterio de la mayoría. Hay una gran cantidad de decisiones que se toman por unanimidad, lo que ocurre es que aquellas que son más controvertidas, tienen una notoriedad pública en las que se acentúa más la divergencia.
—¿Pero es posible evitar que un voto particular se interprete como un cisma interno en el Consejo o que se acuse a un partido de presionar?
—Yo no veo la presión, lo digo sinceramente. Los once miembros del consejo tienen autonomía e independencia y los partidos son los suficientemente maduros para entender que en un órgano que se pretende que sea independiente, no se produzca una hoja de ruta desde la organización política correspondiente. En mi caso tengo que decir y presumo que debe ser así en el resto de consejeros, no he recibido ningún tipo, no ya de presión, sino de recomendación. Es un razonamiento tautológico perverso entender que la independencia se logra en la medida en que un miembro del órgano, sea en el que sea, se sitúa frente a la posición del grupo o del partido que le ha otorgado su apoyo. Sería una irresponsabilidad, los once consejeros hemos tenido el apoyo unánime de todo el Parlamento, nos debemos a una voluntad y ahí está el libre juicio y criterio. El Consejo Audiovisual es una institución muy joven, cuatro años, estamos obligados a tener una interlocución permanente con los operadores dirigida a limitar determinados contenidos, lo que plantea un grado de conflicto, y con la administraciones y poderes públicos, porque tiene capacidad reguladora y de trazar límites. No es un órgano cómodo para los actores políticos, sean institucionales o de partido. El disenso lleva al cuestionamiento y en la fase inicial se pusieron de manifiesto posiciones diferenciadas que en algún momento pudieron percibirse como un cuestionamiento del propio órgano. Creo que el tiempo dará la razón a la existencia de este tipo de órganos, porque insisto no es un órgano cómodo, necesariamente funcional para los intereses coyunturales, momentáneos que pueda tener un gobierno, un partido o un operador, o un conglomerado de operadores. Hay que medirlo en el tiempo y creo que estamos en ese camino.
— Pero defienden su existencia.
—Ahora es un momento crucial, crítico para las tres comunidades que tienen consejos audiovisuales. La aprobación en breve de la Ley de General Audiovisual nos genera cierta incertidumbre de que el camino avanzado quede ahora normativizado a la baja por el papel que se le puede otorgar a los consejos autonómicos en relación con el Consejo Estatal de Medios, que establece unas competencias, un procedimiento sancionador sui generis, en donde el arrepentimiento del operador podría ser suficiente para interrumpir la sanción.
—Incertidumbre en qué sentido, por limitar el trabajo, las funciones...
—Con independencia de las normativas que a cada consejo pueda afectar, no existe una mención expresa ni regulación de los mecanismos de coordinación y cooperación entre órganos, cuando por imperativo legal nosotros tenemos la competencia en seguimiento de aquellos operadores de una licencia que han sido concedidos por la comunidad autónoma. Los operadores locales ligados a la comunidad, dentro de la legalidad existente....
—Ilegalidad o alegalidad...
—Yo diría de ilegalidad, lo que ocurre es que estamos en un momento de tránsito. El apagón digital del próximo 3 de abril va a regularizar el mercado en otro contexto absolutamente distinto.
—Usted ha declarado que el mapa de la TDT es inviable en Andalucía.
—Inviable en cuanto al diseño teórico porque se establecen 62 demarcaciones por criterios más de distribución geográfica que de públicos y espectadores, con una visión bastante optimista del mercado. Hay 400 televisiones, es desproporcionado y en ese campo de la alegalidad el marasmo legislativo era y es todavía inabarcable. Con las 62 demarcaciones nos llevan a casi 270 televisiones en Andalucía, lo que va a generar procesos de concentración, de cooperación, renuncias que se han producido ya algunas y otros tampoco alcanzan los plazos y que van a resituar el mapa audiovisual más allá de las previsiones técnicas y normativas. Los tiempos no han coincidido con la mejor situación del mercado, de forma que lo que hace tan sólo un año y medio algunos lo entendieron como la concesión de una dávida o una oportunidad, hoy en día es una carga para muchos.
—Lo que queda es esperar al 3 de abril, ver quién sobrevive, quién es capaz de cumplir los plazos y, si acaso, a ver si la Junta accede a abrir un nuevo concurso público.
—No puedo hablar en nombre de la Junta. Lo más lógico y sensato es ver qué mapa audiovisual queda y tomar una decisión sobre aquellas que no quedaron cubiertas inicialmente, que es una veintena, y aquellas que han presentado la renuncia o que no han cumplido con los plazos para la emisión, y determinar si se deja esa foto fija, vuelve a sacarlo a concurso o aplica la Ley estatal, que permitiría lo que hasta ahora no se permitía que era el arrendamiento o la subcontratación entre operadores. Pero eso va a quedar reordenado por el propio mercado y habrá un tiempo en que coexistirán posiblemente. Y también vamos a tener un reto en las televisiones públicas locales, porque se pueden contar con los dedos de una mano las que están poniéndose en marcha. El mapa audiovisual es complejo.
—Y más para los que siguen en analógico, que están arañándose la cara porque ven que se van a quedar concesionarios en el camino y ellos tienen su proyecto hecho, viable y no tienen licencia.
—Algún escrito nos ha llegado, pero creo que habrá que esperar a la primavera. Ahora mismo están fuera del marco legal, puedes decir paralegal, consentido por la autoridad. Nosotros no tenemos capacidad de inspección, sólo de contenidos.
—Y al final, es el Gobierno estatal o autonómico el que decide.
—Queda en manos de Presidencia pero el matiz está en que mientras el Consejo Estatal está integrado en Presidencia, el Estatuto y la Ley declara nuestra absoluta independencia, aunque las relaciones con la Junta se realicen a través de Presidencia. Deberíamos tener una mayor autonomía en la gestión de recursos humanos y presupuestarios. Nuestra ley sí lo permite, no quiero decir que cercenen nuestra actividad actual, pero el control del gasto o la defensa jurídica es de la Junta de Andalucía. Por otro lado, no hay mal que por bien no venga, por vía de gastos, la supervisión de control externo lleva a la fiscalización y por supuesto, no sólo interna y de este presidente en la autorización de los gastos, sino de la intervención de la Junta y, en cualquier caso, con la Cámara de Cuentas.
— ¿Independencia en la gestión de los recursos? Eso es un filón para que le critiquen los partidos.
—No independencia sino autonomía, para una mayor eficacia. El diseño institucional está bien realizado y después de cuatro años entiendo que la gestión de los recursos humanos no debe quedar supeditada al conjunto de la función pública andaluza. Y hay posibilidades y hay marco legal para ello. No estoy pidiendo que elaboremos nuestro propio presupuestos, eso lo elabora el Parlamento, pero tampoco estamos integrados en el Gobierno, como en la Ley estatal.
—Y a esto, el Consejo sigue trabajando. ¿Qué balance hace?
—Me siento satisfecho, sobre todo con la protección de menores con las emisiones de contenidos pornográficos. Hemos abierto 48 expedientes pero en los rastreos ya están prácticamente ausentes los contenidos pornográficos en el horario de protección. La Oficina de Defensa a la Audiencia ha tenido un impulso importante, en 2008 tuvimos 128 quejas y en 2009 son 250 hasta el 30 de octubre y todo esto sin realizar una campaña explícita de sensibilización. Y se ha reforzado la relación institucional con el Defensor del Pueblo y ha sido vital la fluidez de las relaciones con la Fiscalía, que ha actuado cuando se traspasa el límite de la sanción administrativa o del ilícito administrativo y se entra en el campo del ilícito penal.
—El Perfil—
El experto en ciencias políticas que vino a despolitizar lo audiovisual
El nombramiento en julio del pasado año de Juan Montabes Pereira (Bélmez de la Moraleda, Jaén, 1959) como presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía vino a intentar cerrar la etapa inicial de este órgano tras la dimisión de Manuel Ángel Vázquez Medel, claramente marcada por la politización.
Precisamente Juan Montabes es especialista en la cosa política, pues es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, entre otros muchos cargos relacionados con la docencia. De hecho, es difícil mantener una conversación con él sin que se note eso de que “los de la universidad hablamos mucho”.
Como experto en política y en políticos, asume la politización como algo natural, coyuntura que se supera con los años, una visión que quizás tenga que ver con sus años de director del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (CADPEA) o con su participaciones en la Junta Electoral de Andalucía durante tres legislaturas.
